Justicia dicta primer procesamiento por sustracción de menores y solicita extradición a Israel de exjueza implicada

El ministro en visita de la Corte de Apelaciones de Santiago, Alejandro Aguilar Brevis, dictó el primer procesamiento en el marco del caso de sustracción de menores ocurrido en Chile entre las décadas de 1970 y 1990. La investigación involucra adopciones irregulares de niños y niñas, en su mayoría provenientes de familias vulnerables, que fueron entregados a matrimonios extranjeros a cambio de sumas de dinero.

En este contexto, Aguilar procesó y ordenó la prisión preventiva de cinco personas por los delitos de asociación ilícita, sustracción de menores y prevaricación dolosa. Se trata de Ivonne Gutiérrez Pávez, exjueza del Juzgado de Menores de San Fernando; Ismael Moisés Espinoza León; Carlos Sigisfredo Vega Segura; Laura Rosa Silva Sánchez y Sylvia Clara Vilches Rojas.

Además, el magistrado solicitó a la Corte Suprema tramitar la extradición de Ivonne Gutiérrez Pávez desde Israel, donde actualmente reside.

Red criminal en San Fernando

La indagatoria concluyó que, durante los años ochenta, operó en San Fernando una red delictiva integrada por profesionales del derecho, funcionarios judiciales, trabajadores de la salud, religiosos y la propia jueza Gutiérrez. La organización tenía como objetivo identificar a madres de escasos recursos y arrebatarles a sus hijos para luego entregarlos en adopción en el extranjero, previo pago de sumas que habrían alcanzado los 50 mil dólares.

Entre los casos documentados en la resolución judicial figura el de una niña de tres años, Andrea, quien fue sustraída en enero de 1983 por Gutiérrez Pávez junto a Espinoza León y Silva Sánchez. Según el expediente, la menor fue objeto de una tramitación judicial iniciada por Carlos Vega Segura, egresado de Derecho y miembro del grupo, quien solicitó la tuición para facilitar su salida del país. La operación fue frustrada gracias a la rápida acción de la madre de la menor, que logró recuperarla con ayuda de Carabineros días después.

Otro caso relevante es el del menor A.A.R.R., cuya salida del país fue autorizada de forma expedita por Gutiérrez el 12 de marzo de 1983, con destino a Estados Unidos. El magistrado establece que esta decisión fue parte de una operación coordinada por la red criminal, que mantenía vínculos en Santiago con estudios jurídicos, guarderías y oficinas del Registro Civil.

Falsificación y prevaricación

La resolución señala que los documentos utilizados para justificar la entrega de los menores habrían sido falsificados o elaborados bajo engaño. Testimonios de testigos y exfuncionarios del juzgado indican que las renuncias a la maternidad fueron redactadas por la propia jueza, utilizando lenguaje técnico que las madres, muchas de ellas menores de edad o sin instrucción formal, no podrían haber comprendido ni menos escrito.

La investigación también revela que los procesos judiciales fueron manipulados para facilitar las adopciones, incurriendo en delitos como prevaricación dolosa. La propia jueza habría insertado de su puño y letra declaraciones falsas en los expedientes, con el fin de legalizar las entregas de los menores.

Delitos de lesa humanidad

El magistrado Alejandro Aguilar desestimó la prescripción de los delitos, al calificar los hechos como crímenes de lesa humanidad. En su resolución, sostiene que «resulta palmariamente justificado» que se trata de delitos pluriofensivos y sistemáticos, cometidos con ánimo de lucro y amparados en el aparato judicial de la época.

De acuerdo al juez, los hechos configuran una violación grave a los derechos fundamentales de niños y niñas, cuyos vínculos familiares fueron destruidos a través de procedimientos irregulares y fraudulentos. En su fallo, enfatiza que los actos descritos no solo vulneraron la legislación nacional, sino también principios universales de protección a la infancia.

La causa sigue su curso en la Corte de Apelaciones de Santiago, y no se descarta que surjan nuevas imputaciones y solicitudes de extradición en las próximas semanas.