La Contraloría General de la República detectó que 342 municipalidades del país —equivalente al 90% del total— no han remitido a la Subsecretaría de Prevención del Delito toda la documentación requerida en relación con sus Planes Comunales y Consejos Comunales de Seguridad Pública.
Ambos instrumentos son clave para la coordinación, gestión y planificación de políticas de seguridad pública a nivel local, tal como lo exige la ley.
Según el undécimo informe Consolidado de Información Circularizada (CIC), 120 municipios fueron clasificados en categoría “urgente” debido a su alto riesgo socio-delictual, a pesar de estar legalmente obligados a contar con estos planes.
Nueve de las comunas en esta situación no han enviado sus Planes a la Subsecretaría: La Serena, Independencia, Alto Bío Bío, Ercilla, Galvarino, Mulchén, Purén, Talagante, Lonquimay y Tirúa.
Además, seis de estos municipios —entre ellos La Florida, que figura como la novena comuna del país con mayor riesgo de vulnerabilidad socio-delictual— mantendrían sus planes vencidos a febrero de 2025.
El informe también advierte que, hasta ese mismo mes, 24 municipalidades mantenían sus planes vencidos y otras 40 no los enviaron.
La Contraloría enfatizó que la falta de planes comunales de seguridad obstaculiza la prevención del delito.
Falencias en los Consejos Comunales
Entre 2021 y 2024, el ente fiscalizador detectó además una disminución en el envío de actas de los consejos comunales. En 72 casos, los municipios remitieron sus actas con más de un año de retraso, entre ellos: Lago Ranco, La Florida, La Pintana y Ñuñoa.
De esta categoría, seis no reportaron antecedentes a la SPD sobre ninguna sesión del Consejo entre julio 2021 y febrero 2025: Alto Biobío, Cartagena, Curacautín, Linares, Macul y Pozo Almonte.
Finalmente, 19 municipalidades no reportaron antecedentes que permitan concluir que cumplieron con sesionar entre enero 2024 y febrero 2025, destacando entre ellas: Antofagasta, Conchalí, El Bosque, La Granja, Lo Prado, Quinta Normal y Renca.
Además, siete comunas de las 40 con mayor riesgo delictual, como Calama y La Pintana, solo reportaron entre dos y seis sesiones del consejo durante 2024, por lo que no hay constancia de que hayan sesionado una vez al mes como exige la norma.
