La polémica por el uso fraudulento de licencias médicas en el sector público alcanzó a la Policía de Investigaciones (PDI).
De acuerdo a un reporte difundido por Informe Especial de TVN, la Inspectoría General de la institución detectó que al menos diez funcionarios activos de la Región Metropolitana realizaron viajes al extranjero mientras se encontraban supuestamente con problemas de salud que les impedían trabajar.
La información quedó plasmada en un oficio fechado el viernes 30 de mayo, firmado por el prefecto general Erwin Clerc, y dirigido a la Región Policial de Santiago. Según el documento, los implicados incluyen personal de diferentes grados, desde asistentes técnicos e inspectores hasta un subprefecto que recientemente cumplió funciones como agregado policial en Argentina.
“Se constató que funcionarios activos de la institución registran viajes al extranjero mientras hacían uso de licencias médicas y otros que ingresaron al territorio nacional en fechas que coinciden con el inicio de dicho reposo”, indica el texto oficial.
Los policías involucrados pertenecen a unidades ubicadas en comunas como Peñalolén, Maipú, Puente Alto, Independencia, La Florida y Talagante, y habrían infringido el principio de probidad administrativa.
Aunque se trata de un total de 24 días de ausencia injustificada, es la primera vez que se confirma un caso de estas características dentro de la PDI.
El hallazgo se suma al escándalo nacional descubierto por la Contraloría, que reveló más de 25 mil casos de funcionarios públicos que salieron del país con licencias médicas activas. La Junta Nacional de Jardines Infantiles (Junji), por ejemplo, lidera el listado con 2.890 funcionarios en esa situación.
En el mismo documento, Clerc instruyó a las jefaturas regionales tomar “inmediatamente las medidas que correspondan” y remitir lo resuelto en un plazo de cinco días.
Investigación penal en curso
TVN también informó que la Fiscalía Nacional abrió una investigación de oficio para establecer eventuales delitos de falsificación de documentos y fraude de subvenciones en estos nuevos casos.
El caso quedó en manos de un equipo especializado que ya lleva adelante una causa similar iniciada en 2022, donde se formalizó a 30 personas, entre ellas médicos extranjeros, por haber ocasionado un perjuicio fiscal superior a los $700 mil millones.
La Contraloría, por su parte, ya había anunciado que, luego del primer escándalo, realizaría un cruce de datos en instituciones como las Fuerzas Armadas y de Orden. El caso en la PDI parece ser solo el inicio de nuevas revelaciones.
