Washington impone sanciones a cuatro juezas del TPI por casos contra Israel y EEUU
El jefe de la diplomacia estadounidense ha señalado que esta medida, "que no ha tomado a la ligera", refleja "la gravedad de la amenaza que supone la politización y el abuso de poder del TPI", con sede en La Haya.
El Departamento de Estado de Estados Unidos ha impuesto sanciones a cuatro juezas del Tribunal Penal Internacional (TPI) por varios casos, incluidas las emisiones de órdenes de arresto contra el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y el exministro de Defensa Yoav Gallant, por los presuntos crímenes de guerra y contra la humanidad en el marco de la ofensiva militar contra la Franja de Gaza.
La oficina liderada por Marco Rubio ha informado que las personas sancionadas son la ugandesa Solomi Blungi Bossa y la peruana Luz del Carmen Ibañez Carranza, de la división de apelaciones, y la beninesa Reine Alapini Gansou y la eslovena Beti Holer, de la división de cuestiones preliminares y de primera instancia.
«Bossa e Ibañez autorizaron la investigación del TPI contra personal estadounidense en Afganistán. Alapini Gansou y Hohler resolvieron autorizar la emisión de órdenes de arresto por parte del TPI contra (…) Netanyahu y Musk», explica en un comunicado publicado en su página web.
El jefe de la diplomacia estadounidense ha señalado que esta medida, «que no ha tomado a la ligera», refleja «la gravedad de la amenaza que supone la politización y el abuso de poder del TPI», con sede en La Haya.
Como resultado de estas sanciones, todos los bienes e intereses en bienes de las personas sancionadas descritas anteriormente que se encuentren en Estados Unidos o en posesión o control de ciudadanos estadounidenses quedan bloqueados.
EL TPI RESPALDA A SU PERSONAL
El TPI ha reaccionado rápidamente a la medida de Washington y ha indicado que «deplora» unas sanciones que «constituyen un claro intento de socavar la independencia de una institución judicial internacional que opera bajo el mandato de 125 Estados partes en todo el mundo».
El tribunal ha sostenido que «respalda plenamente a su personal y continuará su labor sin inmutarse, en estricta conformidad con el Estatuto de Roma y los principios del derecho a la justicia», destacando que «brinda justicia y esperanza a millones de víctimas de atrocidades inimaginables» y «mantiene los más altos estándares en la protección de los derechos de sospechosos y víctimas».
«Atacar a quienes trabajan por la rendición de cuentas no ayuda en absoluto a los civiles atrapados en conflictos. Solo envalentona a quienes creen que pueden actuar con impunidad. Estas sanciones no solo se dirigen a las personas designadas, sino también a quienes apoyan al tribunal», reza un comunicado.
En este sentido, ha recriminado que «están dirigidas contra las víctimas inocentes en todas las situaciones ante la corte, así como contra el Estado de derecho, la paz, la seguridad y la prevención de los crímenes más graves que conmocionan la conciencia de la humanidad».
Estas medidas tienen lugar meses después de que las autoridades estadounidenses anunciaran también la imposición de sanciones contra el fiscal jefe del TPI, Karim Khan, quien solicitó las órdenes de detención contra los dos cargos israelíes y de tres líderes del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) que ya han fallecido.
