Aparece documento que responsabiliza a Lavín de millonaria indemnización en Las Condes
Un informe del director de Control de la municipalidad advirtió en 2018 al entonces alcalde Lavín que carecía de facultades para invalidar un permiso de edificación. La decisión, desoyendo esa advertencia, terminó costando cerca de $10 mil millones al municipio.
Un documento interno revelado por Radio Bío Bío apunta directamente al exalcalde de Las Condes, Joaquín Lavín, como responsable de una decisión que derivó en un millonario gasto para las arcas municipales. Se trata de un informe enviado en abril de 2018 por el entonces director de Control subrogante, Román Pino Riquelme, quien advirtió por escrito que Lavín no tenía facultades legales para invalidar el permiso de edificación otorgado a la inmobiliaria Nueva El Golf.
Pese a la advertencia, el exalcalde continuó con una ofensiva judicial que terminó por costarle a la municipalidad un total de 9.600 millones de pesos, luego que el Cuarto Juzgado Civil de Santiago acogiera una demanda por “falta de servicio” presentada por la empresa afectada.
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El conflicto comenzó cuando Lavín, tras presiones vecinales y denuncias por supuestas irregularidades en el otorgamiento del permiso, dictó el decreto N°8914 en diciembre de 2017, ordenando la suspensión provisional de las obras en el terreno ubicado en Américo Vespucio con Renato Sánchez, en el barrio El Golf. Posteriormente, en marzo de 2018, firmó el decreto N°1799, con el que invalidó directamente el permiso de edificación, decisión que fue judicializada por la empresa y revertida por la Corte de Apelaciones.
Aun sabiendo que el tribunal ya había fallado en su contra, Lavín persistió en su estrategia y apeló a la Corte Suprema, recurso que luego retiró voluntariamente.
Lo que no se conocía públicamente hasta ahora es que el propio director de Control advirtió al alcalde, en un documento de tres párrafos, que la invalidación era ilegal, ya que esa facultad radicaba exclusivamente en la Dirección de Obras Municipales. Incluso advirtió que, de no corregirse el acto administrativo, el caso debía ser remitido a la Contraloría General de la República.
La ofensiva de Lavín, que también fue difundida a través de sus redes sociales en ese momento, fue respaldada por vecinos y figuras como los hermanos Alessandri, quienes denunciaban que el edificio se levantaba en una “isla” históricamente restringida para construcciones en altura.
La revelación del documento podría tener consecuencias políticas y administrativas, ya que se suma a las críticas sobre el uso arbitrario de atribuciones por parte de autoridades municipales y al creciente escrutinio sobre decisiones que impactan fuertemente las finanzas públicas.
