APRAJUD exige investigación objetiva por liberación errónea de sicario del “Rey de Meiggs”
Desde la asociación de funcionarios del Poder Judicial llamaron a determinar responsabilidades en todos los niveles y propusieron medidas para fortalecer los protocolos frente al crimen organizado.
La Asociación Nacional de Profesionales de la Administración del Poder Judicial (APRAJUD) solicitó una investigación rigurosa, acuciosa y objetiva para esclarecer las responsabilidades tras la errónea liberación de Alberto Carlos Mejía Hernández, imputado por el asesinato del conocido “Rey de Meiggs”.
A través de un comunicado, el gremio enfatizó que es necesario ponderar todos los aspectos del caso, tanto en el plano penal como administrativo, para asegurar justicia en la búsqueda de eventuales responsabilidades.
“Los hechos y actuaciones relatados hasta el momento dan cuenta de decisiones y acciones al interior del Octavo Juzgado de Garantía de Santiago que en ninguna medida buscaron beneficiar al imputado en el cambio de su medida cautelar”, expresaron.
Críticas a la mecanización del sistema
Desde la asociación manifestaron preocupación por lo que consideran una “mecanización de los procedimientos”, que dejó de lado el sentido común, especialmente en casos de alta gravedad como el que involucra a Mejía.
En esa línea, apuntaron que Gendarmería de Chile, ante situaciones similares de contradicciones, “siempre consulta al tribunal de origen”, lo que no habría ocurrido esta vez.
Lo anterior, en relación a los distintos oficios que fueron emitidos respecto a la medida cautelar de prisión preventiva y posteriormente la suspensión momentánea de la misma.
Compromiso con fortalecimiento institucional
APRAJUD llamó a respetar el trabajo de los funcionarios del Poder Judicial y exigió que las investigaciones no dejen fuera a ningún responsable:
“Exigimos los parámetros más altos para asegurar la justicia de las decisiones y que no se excluya convenientemente a algunos en la búsqueda de responsabilidades”.
Además, reafirmaron su compromiso con la lucha contra la delincuencia, especialmente frente al avance del crimen organizado, que —advirtieron— “está corrompiendo las instituciones”.
Por ello, anunciaron que propondrán medidas concretas para fortalecer los protocolos de ingreso a prisión preventiva, incorporando nuevos mecanismos de verificación y trazabilidad que refuercen la seguridad del sistema judicial.
