Brasil debate su justicia: ¿Puede el STF juzgar a quienes atentaron contra la democracia?

Una intensa controversia jurídica y política sacude a Brasil tras la publicación de una columna de opinión que pone en duda la imparcialidad del ministro Alexandre de Moraes para juzgar a los responsables del intento de golpe del 8 de enero de 2023, entre ellos el expresidente Jair Bolsonaro.

La polémica, que comenzó en las páginas de O Estado de S. Paulo, ha escalado hasta convertirse en un debate nacional sobre el rol de la Corte Suprema (STF), la integridad del sistema judicial y los límites de la imparcialidad en casos de ataques directos a la democracia.

El punto de partida: “O risco da Justiça que escolhe seus réus”

La abogada penalista Luiza Oliver encendió la chispa con su columna titulada «El riesgo de una justicia que escoge a sus reos», publicada el 27 de junio. En ella, cuestiona que el ministro Alexandre de Moraes, principal blanco de amenazas por parte del entorno bolsonarista, sea juez en las causas relacionadas con los actos golpistas. Oliver sostiene que esto vulnera la imparcialidad judicial y compara el caso con el del exjuez Sergio Moro, quien fue declarado parcial en sus fallos contra el presidente Lula da Silva.

“La credibilidad del STF no se construye con la victoria sobre los enemigos de la democracia, sino con la fidelidad a las garantías del Estado de Derecho”, escribió Oliver.

La respuesta: “Réu não escolhe seu juiz”

Los reconocidos juristas Antônio Carlos de Almeida Castro (Kakay) y Lenio Streck respondieron con firmeza en el mismo diario bajo el título “Una justicia en la que los reos escogen sus jueces?”. Su tesis es categórica:

“El propio Supremo ya ha dicho: el reo no escoge a su juez. Eso sería negar la justicia. Sería el colapso del sistema judicial. Sería como si la cola moviera al perro”.

Para ellos, aceptar la tesis de Oliver sentaría un precedente peligroso: bastaría con que un acusado amenace a un magistrado para que este deba declararse impedido. Y advierten que los delitos del 8 de enero no fueron comunes, sino ataques directos al orden constitucional.

La voz de Helios Nogués: “Una víctima directa no puede ser juez del proceso”

A este debate se sumó ahora el abogado criminalista Helios Nogués Moyano, quien si bien reconoce la importancia del STF para frenar el intento de golpe, plantea reparos jurídicos concretos a la participación del ministro Moraes como relator e integrante del tribunal que juzgará a los acusados:

“El ex Presidente brasileño Jair Bolsonaro y otros se encuentran formalmente acusados por varios crímenes, todos con el objetivo de dar un Golpe de Estado. Nadie puede negar el papel importantísimo que el STF ha desempeñado para el fracaso de ese intento. Sin embargo, ese proceso ha expuesto una enorme fragilidad del ordenamiento jurídico brasileño”.

Nogués argumenta que Moraes sería una de las víctimas directas del supuesto plan golpista —junto al presidente Lula y al vicepresidente Alckmin— y, por tanto, debería estar impedido de juzgar el caso:

“Aceptar que una víctima directa actúe como instructor y juez es jurídicamente inaceptable y atenta contra el orden legal. Una interpretación de ley que resulta en una atrocidad es, o bien incorrecta, o bien inconstitucional”.

El jurista matiza que no todos los ministros del STF fueron víctimas directas antes del inicio del proceso, lo que sí permitiría —en su opinión— que algunos de ellos puedan juzgar con legitimidad:

“Basta verificar en qué momento se tornaron víctimas. Quienes lo eran antes del inicio del proceso deberían estar impedidos. Pero quienes fueron atacados después, no pierden la presunción de imparcialidad, porque de lo contrario dejaríamos en manos de los acusados la elección de sus jueces”.

Género y poder: una nueva capa del debate

La controversia dio un nuevo giro el 4 de julio, cuando un colectivo de abogadas publicó una tercera columna: “Mujeres en el Derecho, hombres en el púlpito”. En ella critican el tono del artículo original de Oliver, pero también denuncian cómo ciertas críticas hacia mujeres juristas se ven teñidas de sesgos de género.

“No aceptaremos más que el tono sirva para silenciarnos. Ni que la retórica sea usada como escudo para lo que es, en el fondo, puro ejercicio de poder”.

El texto denuncia que las mujeres que escriben o participan del debate público en el ámbito jurídico siguen siendo blanco de descalificaciones por su estilo o forma, más que por sus argumentos.

El fondo: una disputa por la legitimidad del STF

Este debate, que comenzó en el plano académico y jurídico, ha escalado al ámbito institucional y político. En el fondo, la discusión revela dos posturas enfrentadas:

• Por un lado, quienes exigen una justicia “absolutamente imparcial” que excluya a jueces que hayan sido víctimas directas, como Alexandre de Moraes.
• Por otro, quienes defienden que el STF, como institución atacada, tiene no solo la competencia, sino el deber de juzgar a los responsables del intento de golpe, incluso si sus ministros fueron blanco de amenazas.

Una disputa con implicancias regionales

El caso brasileño no es un hecho aislado. En tiempos de erosión democrática, ataques a las instituciones y polarización extrema, el debate sobre quién puede juzgar a quién —y bajo qué condiciones— resuena más allá de las fronteras. ¿Puede un sistema democrático sobrevivir si permite que los acusados deslegitimen a los jueces que los enfrentan?