
Brasil debate su justicia: ¿Puede el STF juzgar a quienes atentaron contra la democracia?
La polémica, que comenzó en las páginas de O Estado de S. Paulo, ha escalado hasta convertirse en un debate nacional.
Una intensa controversia jurídica y política sacude a Brasil tras la publicación de una columna de opinión que pone en duda la imparcialidad del ministro Alexandre de Moraes para juzgar a los responsables del intento de golpe del 8 de enero de 2023, entre ellos Jair Bolsonaro.
La polémica, que comenzó en las páginas de O Estado de S. Paulo, ha escalado hasta convertirse en un debate nacional sobre el rol de la Corte Suprema, la integridad del sistema judicial y los límites de la imparcialidad en casos de ataques a la democracia.
El punto de partida: “O risco da Justiça que escolhe seus réus”
La abogada penalista Luiza Oliver encendió la chispa con su columna titulada «El riesgo de una justicia que escoge a sus reos», publicada el 27 de junio. En ella, cuestiona que el ministro Alexandre de Moraes, principal blanco de amenazas por parte del entorno bolsonarista, sea juez en las causas relacionadas con los actos golpistas. Oliver sostiene que esto vulnera la imparcialidad judicial y compara el caso con el del exjuez Sergio Moro, quien fue declarado parcial en sus fallos contra el expresidente Lula da Silva.
“La credibilidad del STF no se construye con la victoria sobre los enemigos de la democracia, sino con la fidelidad a las garantías del Estado de Derecho”, escribió Oliver.
La respuesta: “Réu não escolhe seu juiz”
La réplica no tardó en llegar. Los reconocidos juristas Antônio Carlos de Almeida Castro, más conocido como Kakay, y Lenio Streck, respondieron con firmeza en el mismo diario bajo el título “Una justicia en la que los reos escogen sus jueces?”. Su tesis central es categórica:
“El propio Supremo ya ha dicho: el reo no escoge a su juez. Eso sería negar la justicia. Sería el colapso del sistema judicial. Sería como si la cola moviera al perro”.
Para ellos, aceptar la tesis de Oliver sentaría un precedente peligroso: bastaría con que un acusado amenace a un magistrado para que este deba declararse impedido. Y advierten que los delitos del 8 de enero no fueron comunes, sino ataques directos al orden constitucional.
“Los crímenes contra la democracia no son iguales a un robo en supermercado”, ironizan, subrayando que todos los ministros del STF fueron atacados como institución, y que no hay razón jurídica para invalidar su competencia.
Género y poder: una nueva capa del debate
La controversia dio un nuevo giro el 4 de julio, cuando un colectivo de abogadas publicó una tercera columna: “Mujeres en el Derecho, hombres en el púlpito”. En ella critican el tono y contenido del artículo original de Oliver, pero también denuncian cómo ciertas críticas hacia mujeres juristas se ven teñidas de sesgos de género.
“No aceptaremos más que el tono sirva para silenciarnos. Ni que la retórica sea usada como escudo para lo que es, en el fondo, puro ejercicio de poder”, afirman.
El texto denuncia que las mujeres que escriben, opinan o participan del debate público en el ámbito jurídico siguen siendo blanco de descalificaciones por su estilo, su presencia o su forma de expresarse, más que por el contenido de sus ideas.
El fondo: una disputa por la legitimidad del STF
Este debate, que comenzó en el plano académico y jurídico, ha escalado al ámbito institucional y político. En el fondo, la discusión revela dos posturas enfrentadas:
-Por un lado, quienes exigen una justicia “absolutamente imparcial” que excluya a jueces que hayan sido víctimas directas, como Alexandre de Moraes.
-Por otro, quienes defienden que el STF, como institución atacada, tiene no solo la competencia, sino el deber de juzgar a los responsables del intento de golpe, aunque sus ministros hayan sido blanco de amenazas.
Una disputa con implicancias regionales
El caso brasileño no es un hecho aislado. En tiempos de erosión democrática, ataques a las instituciones y polarización extrema, el debate sobre quién puede juzgar a quién —y bajo qué condiciones— resuena más allá de las fronteras. ¿Puede un sistema democrático sobrevivir si permite que los acusados deslegitimen a los jueces que los enfrentan?
El debate sobre la actuación del STF en el juicio contra los golpistas del 8 de enero ha expuesto las tensiones internas del Derecho en una democracia en disputa. Mientras algunos temen un sesgo judicial, otros alertan del riesgo aún mayor de vaciar de poder a las instituciones que deben proteger el orden constitucional. Y, entre tanto, las mujeres juristas recuerdan que también en el Derecho siguen luchando por un espacio donde sus voces sean escuchadas con el mismo respeto.