Corte de Santiago adopta medidas para mejorar comunicación entre tribunales y Gendarmería
El Tribunal Pleno tomó conocimiento de un informe elaborado por una comisión de ministros, el cual propone un nuevo diseño de responsabilidades y pasos a seguir en la elaboración y cumplimiento de las resoluciones judiciales.
Este jueves 24 de julio, el Tribunal Pleno de la Corte de Apelaciones de Santiago analizó y tomó conocimiento del informe elaborado por la comisión de ministros conformada el pasado 15 de julio. La revisión se realizó a raíz del error ocurrido en la audiencia de control de detención del 8° Juzgado de Garantía, que terminó con la errónea liberación del sicario Alberto Carlos Ferrer.
La propuesta –elaborada en conjunto con los jueces presidentes y administradores de los juzgados de garantía de la jurisdicción– incluye un nuevo diseño de responsabilidades y procedimientos, con el objetivo de garantizar la correcta ejecución y comunicación de las resoluciones judiciales, especialmente en lo relativo a la privación de libertad e identificación de imputados.
Medidas inmediatas y largo plazo
El informe, redactado por los ministros subrogantes Fernando Valderrama, Luis Avilés y Sergio Córdova, contempla un paquete de medidas divididas en dos etapas:
Corto plazo:
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Actualización urgente en la capacitación del personal judicial, especialmente en la tramitación y comunicación de resoluciones.
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Reforzamiento del protocolo de verificación de identidad de los imputados durante las audiencias de control.
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Designación de personal de turno en instituciones vinculadas al procedimiento (como Gendarmería) que opere en simultáneo con las audiencias, para asegurar un flujo de información oportuno y verificado.
Largo plazo:
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Evaluación de reformas estructurales del sistema por parte de una comisión de ministros especializada en el sistema procesal penal.
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Las propuestas de largo aliento serán presentadas ante el Tribunal Pleno una vez finalizada su revisión.
Contexto: desafíos del fenómeno delictual
La comisión subrayó que las propuestas nacen en un contexto de aumento de la complejidad del fenómeno delictual, lo que requiere un perfeccionamiento constante de las herramientas institucionales.
Según el diagnóstico del informe, el sistema enfrenta una creciente demanda de eficacia, coordinación y transparencia, especialmente en lo relativo al cumplimiento de resoluciones judiciales en tiempo real.
