Corte Suprema ordena investigar a 692 funcionarios judiciales que salieron del país estando con licencia médica
Entre los involucrados hay 84 jueces, 4 ministros y un fiscal judicial de Cortes de Apelaciones. La revisión se extendió por cinco años e incluyó apoyo de la PDI y Contraloría Interna del Poder Judicial.
El Pleno de la Corte Suprema resolvió hoy remitir a las distintas Cortes de Apelaciones del país la nómina de 692 funcionarios del Poder Judicial que, estando con licencia médica, salieron del territorio nacional entre los años 2020 y 2025. La decisión se tomó tras conocer el informe elaborado por el Fiscal Judicial del máximo tribunal, encomendado mediante resolución del 23 de mayo pasado, a raíz de un reporte entregado por la Contraloría General de la República.
El documento detalla que en total se identificaron 1.029 salidas del país asociadas a estos funcionarios, de los cuales 571 siguen activos en el sistema judicial. De ese grupo, si bien no se detectó ningún caso entre ministros o fiscales de la Corte Suprema, sí figuran 4 ministros y un fiscal judicial de Cortes de Apelaciones, además de 84 jueces.
La investigación fue posible gracias a la colaboración de la Policía de Investigaciones (PDI) y de la Contraloría Interna de la Corporación Administrativa del Poder Judicial, y forma parte de un proceso de revisión más amplio para detectar eventuales irregularidades en el uso de licencias médicas.
Según informó la Corte Suprema, cada Corte de Apelaciones deberá designar a un único Fiscal Judicial que se encargará de llevar adelante los procedimientos disciplinarios, tanto respecto de funcionarios en ejercicio como de aquellos que hayan cesado en sus cargos. Además, se aclaró que en algunos casos podría existir superposición entre días de licencia y feriado legal, aspecto que será evaluado dentro de las indagaciones.
El Poder Judicial cuenta actualmente con 13.457 funcionarios en todo el país, por lo que los casos detectados representan un 5,1% del total de la dotación.
Este caso se suma al reciente escándalo de uso indebido de licencias médicas por parte de más de 25 mil funcionarios públicos, incluyendo autoridades comunales, lo que ha llevado a distintas instituciones del Estado a reforzar sus mecanismos de control y fiscalización.
