En un nuevo esfuerzo por fortalecer la persecución penal del crimen organizado, la Comisión de Coordinación del Sistema de Justicia Penal aprobó este viernes un plan de mejoras interinstitucionales. La reunión fue encabezada por el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Jaime Gajardo, y contó con la participación de las máximas autoridades del sistema, entre ellas la presidenta (s) de la Corte Suprema, Gloria Ana Chevesich.
También estuvieron presentes el fiscal nacional Ángel Valencia, el director de la PDI, Eduardo Cerna, la defensora nacional Verónica Encina, y el director (s) de Gendarmería, Rubén Pérez, junto a otros representantes clave del sistema judicial y penitenciario.
Coordinación frente al crimen organizado
El ministro Gajardo detalló que el encuentro tuvo como finalidad aprobar un plan de acción destinado a mejorar la comunicación y el seguimiento de causas vinculadas al crimen organizado y asociaciones delictivas.
“Hemos realizado una reunión con los integrantes titulares de esta Comisión Coordinadora con el objeto de aprobar un plan de acción que nos permita enfrentar y fortalecer los mecanismos (…) cuando tenemos un caso vinculado con alguien imputado o condenado por un delito de crimen organizado”, explicó.
Aunque el detalle del plan no fue revelado por razones de seguridad, se trata de una estrategia diseñada por equipos técnicos en base a la información levantada desde las instituciones.
Corte Suprema reitera compromiso
Desde el Poder Judicial, la ministra Chevesich subrayó la disposición de la Corte Suprema para colaborar activamente en estas mejoras:
“Todos los planes de acciones que se adoptan para mejorar el funcionamiento de todas las instituciones que participan en este Sistema de Justicia Penal siempre son bienvenidas”.
La autoridad fue consultada también por la sesión de Pleno del máximo tribunal realizada en la misma jornada, la cual —aclaró— se centró exclusivamente en revisar el funcionamiento del sistema de tramitación electrónica aplicado por los juzgados de garantía.
“Fue una actividad muy ilustrativa y beneficiosa. Tomamos conocimiento de cómo opera el sistema. Y nada más”, precisó.
Investigación sigue en curso
En relación con el caso de la liberación errónea de Alberto Carlos Mejía, Chevesich fue enfática en señalar que cualquier resolución de fondo corresponde a la Corte de Apelaciones de Santiago, donde se lleva a cabo una investigación disciplinaria a cargo de una fiscal judicial.
“Todo lo que concierne a lo surgido en medios de comunicación es materia de investigación administrativa en curso. Será la Corte de Apelaciones la que tome definiciones. Y eventualmente, la Corte Suprema, si el caso llega por apelación”, indicó.
