En el marco de la Cuenta Pública del Congreso Nacional, el presidente de la Cámara de Diputadas y Diputados, José Miguel Castro, abrió la ceremonia con un discurso enfocado en seguridad ciudadana, que incluyó críticas directas al Gobierno.
La instancia fue encabezada por el Presidente de la República, Gabriel Boric, y contó con la presencia de diversas autoridades de Gobierno y del Poder Judicial, entre ellas la presidenta (s) de la Corte Suprema, Gloria Ana Chevesich.
Leyes demoradas y llamado a actuar con urgencia
Castro destacó iniciativas parlamentarias en seguridad, educación y deporte, pero lamentó los años de retraso en la aprobación de muchas de ellas, principalmente en materia de seguridad.
“No siempre logramos avanzar con madurez política. Muchas de las leyes que hoy celebramos fueron presentadas antes de 2022 y solo ahora han podido ser aprobadas. Retrasarnos fue un error que no podemos volver a cometer”, afirmó.
El parlamentario instó a avanzar con urgencia en proyectos pendientes como la ley de inteligencia, la regulación de reglas del uso de la fuerza, y la Defensoría de las Víctimas.
También anunció la convocatoria a una sesión especial en la Cámara tras el despacho del proyecto que establece multas por no votar.
Emplazamiento al Gobierno y defensa del Congreso
Durante su discurso, Castro también cuestionó al Ejecutivo, asegurando que existe:
“En todo Gobierno, sin distinción, la tentación de culpar al Parlamento por las crisis de seguridad, o la incapacidad del Estado de dar soluciones a las inquietudes de la ciudadanía”.
Defendió la labor legislativa y recalcó que las estimaciones de ingresos son competencia exclusiva de la Dirección de Presupuestos, deslindando responsabilidades del Parlamento en sobre los ajustes presupuestarios.
“En ocasiones, la autoridad administrativa no muestra la convicción necesaria para ejecutar plenamente la voluntad del Parlamento, o simplemente no dicta los reglamentos indispensables para la entrada en vigencia de las leyes”, expuso.
“Esto genera frustración y desconfianza en el proceso legislativo”, advirtió.
Como ejemplo, Castro mencionó el proyecto de test de drogas para autoridades, que obligaba a someterse a la prueba al Presidente, ministros y subsecretarios, la cual finalmente se optó por un test confidencial y de menor alcance.
“Si queremos dar la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado, no puede ser que no tengamos la capacidad de saber si hay personas dentro del Estado vinculadas a ello”, sentenció.
