Entorno de Kast complica su discurso de probidad: asesorías bajo sospecha y figuras investigadas golpean al Partido Republicano

El discurso de probidad y transparencia que José Antonio Kast ha buscado instalar desde su irrupción como líder del Partido Republicano enfrenta hoy una compleja contradicción. A las investigaciones judiciales que rodean a figuras clave de su colectividad —como el diputado desaforado Mauricio Ojeda y el alcalde de Macul, Eduardo Espinoza— se suma el cuestionado rol de Eduardo Montalva, abogado que ha sido uno de los principales asesores de Kast en materia de rendiciones de campaña y administración financiera electoral.

Montalva, formalizado en el Caso Penta por la emisión de boletas falsas en beneficio del entonces diputado Iván Moreira, volvió al centro del debate luego que el Servel rechazara la rendición completa de la campaña de Macarena Santelices, candidata a gobernadora por el Partido Republicano y exvocera de Kast. La empresa del abogado fue la encargada de elaborar esas cuentas, una de las cuales incluía una factura anulada por el SII por $160 millones, emitida por una firma ligada al cónyuge de Santelices.

El mismo día que el senador Moreira cerró judicialmente su participación en el escándalo de financiamiento ilegal, el exfiscal Manuel Guerra benefició a Montalva con una suspensión condicional del procedimiento, permitiéndole salir sin sanción penal. Aun así, los registros del caso muestran que el abogado emitió facturas por más de $22 millones a empresas como Penta, Siemel y Gildemeister, además de $8,7 millones a la Cámara de Diputados, todas vinculadas a campañas políticas.

Pese a ello, Montalva fue el encargado de asesorar a Kast en sus rendiciones de 2021, año en que el ahora candidato presidencial pasó a segunda vuelta. Solo en ese periodo, el abogado facturó $28 millones por su trabajo. Desde entonces, ha colaborado con al menos ocho candidatos republicanos, facturando más de $140 millones entre 2021 y 2024.

Esto contrasta con el propio relato que Kast instaló en 2016 cuando abandonó la UDI, precisamente por el trato que ese partido dio al Caso Penta. Según una publicación de Ex-Ante, uno de los motivos que habría llevado a Kast a renunciar fue su rechazo a los vínculos del partido con figuras como Jovino Novoa, condenado por financiamiento ilegal de campañas. Paradójicamente, hoy Kast recibe apoyo profesional de uno de los formalizados en esa misma causa.

Consultado por CIPER, Montalva defendió su labor afirmando que ha realizado más de 300 asesorías a candidatos “desde el centro hasta la extrema derecha”. También aseguró que fue sobreseído en el Caso Penta y que su formalización obedeció a una “persecución política”. No obstante, la fiscalía documentó que las boletas que emitió estaban destinadas a canalizar recursos de forma irregular hacia campañas políticas.

Fragilidad del discurso ético republicano

A esta controversia se suma la situación del diputado Mauricio Ojeda, exmilitante republicano, actualmente en prisión preventiva por fraude al fisco en el marco del Caso Convenios. El exgobernador de La Araucanía en el gobierno de Sebastián Piñera enfrenta cargos por millonarias transferencias irregulares desde el GORE a fundaciones vinculadas.

En paralelo, el alcalde de Macul, Eduardo Espinoza, también ligado a los republicanos, está siendo investigado por haber viajado a Perú mientras tenía licencia médica. Según reveló la Contraloría, es uno de los más de 25 mil funcionarios públicos que salieron del país mientras se encontraban con baja laboral entre 2023 y 2024. Espinoza argumenta que su viaje fue autorizado por razones médicas, aunque aún está bajo indagatoria.

Estas situaciones han puesto en duda la coherencia del relato republicano en torno a la ética pública. La figura de Eduardo Montalva —quien asesora campañas, administra fondos y defiende su actuar desde una supuesta reserva profesional— se ha transformado en un símbolo incómodo para el partido de Kast. Su cercanía con los casos más emblemáticos de financiamiento ilegal y su rol activo en las estructuras contables de los republicanos siembran dudas sobre el verdadero compromiso del bloque con la transparencia.

En un contexto en que las elecciones presidenciales de 2025 se acercan, y donde la candidatura de Jeannette Jara ha sido proclamada oficialmente por el oficialismo, el liderazgo ético de Kast y su colectividad enfrenta crecientes cuestionamientos que podrían tener consecuencias políticas de fondo. Especialmente cuando los estándares de probidad han sido parte central de su diferenciación con el resto del espectro político.