Escándalo por liberación de sicario: Jueza Irene Rodríguez se defiende tras diligencias en el Poder Judicial
Sobre el operativo realizado por la PDI, la jueza señaló que está "tremendamente tranquila" por su actuación, y remarcó que, aunque la investigación está en curso, su decisión en la audiencia se mantuvo coherente con las medidas adoptadas en su momento.
La jueza del 8vo Juzgado de Garantía de Santiago, Irene Rodríguez, se ha visto envuelta en la polémica tras firmar la orden de liberación del presunto sicario Osmar Ferrer, acusado de asesinar al conocido «Rey de Meiggs», José Reyes Ossa. A raíz de esta controversia, la magistrada ofreció nuevas declaraciones en las que defendió su actuación y comentó sobre las diligencias realizadas por la Fiscalía y la Policía de Investigaciones (PDI) en las dependencias del Poder Judicial durante la jornada del martes.
En entrevista con 24 Horas, Rodríguez aseguró que las diligencias realizadas no son motivo de alarma, destacando que se trataban de procedimientos «dentro de lo normal». «No me asusta, ni nada. Nosotros podemos dar declaraciones y posteriormente ellos tienen que verificar con otros antecedentes, como teléfonos y computadores. Eso es parte de la investigación», explicó la jueza.
En su defensa, Rodríguez también puntualizó que si bien hubo un error administrativo relacionado con el nombre de Ferrer, la situación fue rápidamente corregida y no alteró la decisión de mantener la prisión preventiva para el imputado y otros dos sujetos en audiencia. «Sería muy inconsecuente de mi parte haber dado la libertad al imputado cuando en audiencia dicté la prisión preventiva», añadió.
Sobre el operativo realizado por la PDI, la jueza señaló que está «tremendamente tranquila» por su actuación, y remarcó que, aunque la investigación está en curso, su decisión en la audiencia se mantuvo coherente con las medidas adoptadas en su momento.
La polémica estalló el pasado fin de semana cuando se conoció que Ferrer, acusado de ser uno de los sicarios implicados en el asesinato de Reyes Ossa, había quedado en libertad luego de un error administrativo relacionado con el nombre del imputado. En respuesta, la Fiscalía Metropolitana Occidente, encabezada por el fiscal Marcos Pastén, autorizó a la PDI a realizar diligencias en la Corporación Administrativa del Poder Judicial (CAPJ) como parte de la investigación por la liberación del presunto sicario.
El operativo, llevado a cabo por la Brigada Investigadora Anticorrupción (Briac) de la PDI, se centró en recabar información sobre el manejo y eventual irregularidad en el proceso judicial que permitió la liberación de Ferrer, quien ahora se encuentra nuevamente bajo investigación.
