La exministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, actualmente investigada por presuntos delitos de corrupción y lavado de dinero, presentó una querella contra quienes resulten responsables de la filtración de antecedentes sobre la causa que la involucra. En su acción judicial, solicita que se pericien los teléfonos móviles de funcionarios del OS-7 de Carabineros, fiscales y abogados patrocinantes vinculados a la investigación, además de exigir que periodistas revelen sus fuentes.
La querella, patrocinada por el abogado Carlos Mora y presentada ante el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago, aún no ha sido acogida a tramitación, ya que un juez del tribunal se declaró incompetente para conocer la causa, que podría ser derivada al Séptimo Juzgado de Garantía.
Vivanco también denunció haber sido acosada en su domicilio, por lo que pidió que los medios de comunicación que han informado sobre el caso entreguen la identidad de los periodistas que acudieron a su hogar en busca de una versión.
La ofensiva judicial ocurre en medio del denominado caso «muñeca bielorrusa», un litigio entre la empresa Belaz-Movitec SpA y Codelco, en el que la Corte de Copiapó ordenó inicialmente a la firma extranjera pagar US$20 millones, pero que fue revertido por la Tercera Sala de la Corte Suprema, que obligó a la estatal chilena a indemnizar por la misma cifra. Esta controvertida resolución fue emitida con una celeridad inusual y está siendo revisada por posibles irregularidades, a la luz de las revelaciones del llamado «Caso Audio».
En paralelo, según publicó Ciper, la Fiscalía solicitó al Banco Central todos los movimientos financieros internacionales de Vivanco, su pareja Gonzalo Migueles y el abogado Luis Hermosilla, quien también ha sido mencionado en otras aristas del Caso Audio.
Recurso del ministro Mery por incautación de su celular
Por otra parte, en una causa relacionada, el ministro del Tribunal Constitucional Héctor Mery interpuso un recurso de amparo ante la Corte de Santiago, calificando como ilegal la incautación de sus dispositivos electrónicos por parte de la PDI. La diligencia fue autorizada por la jueza Daniela Guerrero González, en el contexto de una indagatoria por corrupción y tráfico de influencias, en la que Mery, según su defensa, solo figura como testigo.
Los abogados de Mery alegan que se vulneraron garantías constitucionales al confundir su calidad procesal y denuncian que no han tenido acceso a los antecedentes que motivaron la incautación. Sostienen que la diligencia carece de fundamento legal y que el fiscal a cargo, Javier von Bischoffhausen, actuó de forma improcedente.
Si el amparo es acogido, los antecedentes incautados a Mery podrían ser excluidos del proceso, situación que complicaría la posición del Ministerio Público en este sensible caso de presunta corrupción en la judicatura.
