Fallo de la Corte Suprema de 2020 genera críticas por trato «amistoso» hacia el Banco Santander
Fundación Defendamos la Ciudad apunta a ilegalidades en permiso de edificación entregado en Las Condes en 2017.
La Fundación Defendamos la Ciudad cuestionó duramente un fallo de la Corte Suprema que, según denuncian, favorece al Banco Santander en un caso urbanístico ya prescrito pero de alto interés público. El organismo ciudadano invita a expertos en vivienda y urbanismo a revisar el dictamen vinculante N° 40.724 de la Contraloría General de la República —del 21 de noviembre de 2017— así como el fallo de la Tercera Sala del máximo tribunal, fechado el 7 de abril de 2020 (rol N° 16.585-2019), que consideraron clave para entender cómo se resuelven judicialmente asuntos que involucran a grandes actores financieros.
El caso en cuestión se refiere al permiso de edificación N° 40 del 10 de abril de 2013, otorgado por la Dirección de Obras Municipales (DOM) de Las Condes a la inmobiliaria Mixto SpA, ligada al Banco Santander. Según la Fundación, dicho permiso es evidentemente ilegal a la luz del dictamen de Contraloría, que estableció normas claras sobre su invalidez. Sin embargo, pese al pronunciamiento del ente fiscalizador, el asunto fue finalmente sobreseído judicialmente por prescripción.
«La ciudadanía tiene derecho a saber cómo funciona realmente la justicia cuando están en juego los intereses de entidades influyentes como los grandes bancos», señaló Patricio Herman, presidente de Defendamos la Ciudad. A juicio de la fundación, el fallo de la Corte Suprema fue excesivamente «amistoso» con el Banco Santander, dejando sin sanción efectiva una infracción urbanística que afecta la legalidad y el ordenamiento territorial.
Desde la organización instan a especialistas y medios de comunicación a revisar los documentos disponibles públicamente para comprender la gravedad del asunto. El dictamen completo puede consultarse en:
🔗 Dictamen CGR 040724N17 – 21/11/2017
La controversia reabre el debate sobre la debilidad institucional frente a proyectos inmobiliarios promovidos por entidades de gran poder económico y la urgencia de revisar los criterios judiciales cuando se trata de bienes públicos como el suelo urbano y la planificación territorial.
