Familiares de víctimas de ataque a AMIA afirman que Milei busca su cierre

Diana Wassner, dirigente de una agrupación de familiares de víctimas del atentado a la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) de 1994, afirmó  que el Gobierno de Javier Milei busca el cierre de la causa judicial con la implementación del juicio en ausencia, a 31 años del ataque.

“Es una manera de cerrar la causa, que es la intención que tiene el Gobierno, y por eso lleva adelante esta propuesta”, sostuvo la representante de la asociación civil Memoria Activa, agrupación de familiares de víctimas que busca esclarecer las responsabilidades del atentado.

Wassner, viuda del arquitecto Andrés Malamud, que trabajaba en la refacción de la sede de la AMIA en Buenos Aires al momento del atentado, expresó su desconfianza sobre el juicio en ausencia que impulsa la justicia argentina contra siete iraníes y otros tres ciudadanos vinculados con El Líbano, acusados del atentado contra la AMIA que causó 85 víctimas mortales.

La medida se basa en la nueva Ley 27.784, que establece el instituto del juicio en ausencia del imputado, una normativa sancionada en febrero por el Congreso y promulgada en marzo por el Gobierno de Milei.

“Desde Memoria Activa, nosotros no acordamos con el juicio en ausencia, no por la figura jurídica de juicio, sino porque consideramos que no están dadas las condiciones para lleva a juicio a los iraníes acusados por el atentado”, explicó Wassner.

En una causa que indagaba el encubrimiento del ataque a la AMIA, la Cámara Federal de Casación Penal, máximo tribunal penal, responsabilizó en abril de 2024 a Irán y a Hizbulá por el ataque a la mutual judía y también por un atentado a la embajada israelí, en 1992, que causó 22 muertes.

“En la causa por encubrimiento no se juzgó a Irán, por lo tanto, no hay ninguna culpabilidad hacia Teherán en la causa”, observó la titular de Memoria Activa.

En total fueron condenados ocho de los 13 acusados en el expediente que investigaba el encubrimiento del atentado, entre ellos el juez responsable del primer y fallido juicio sobre el ataque, Juan José Galeano, los por entonces fiscales Eamon Müllen y José Barbaccia, y quien fue jefe de la Secretaría de Inteligencia del Estado (Side) en aquel momento, Hugo Anzorreguy.

Fueron absueltos el expresidente Carlos Menem (1989-1999), que gobernaba en ese momento, y Rubén Baraja, entonces presidente de una de las organizaciones judías más influyentes del país, la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA).

“Ese juicio, que tuvo que ver con el encubrimiento, no con la causa principal, se llevó adelante durante cinco años y los que fueron encontrados encubridores son todos argentinos: el exjuez, los exfiscales, y gente de inteligencia”, remarcó Wassner, que además subrayó la responsabilidad de quien encabezaba la jefatura de Estado, Carlos Menem.

La referente de Memoria Activa también se mostró muy crítica con el fallo del máximo tribunal penal del país, la Cámara Federal de Casación, que en 2024 acusó a Irán de ser un Estado terrorista, al responsabilizarlo del atentado a la sede de AMIA y también del ataque que sufrió la embajada de Israel.

Esta sentencia se produjo en el marco de la causa que investigaba el encubrimiento del ataque y no en el expediente principal, que desde hace tres décadas se mantiene abierto para determinar las responsabilidades del atentado.

RESPONSABILIDAD ARGENTINA

A partir de una denuncia presentada en 1999 por Memoria Activa ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la Corte Interamericana de Derechos Humanos responsabilizó el 14 de junio de 2024 al Estado argentino por no haber adoptado medidas para evitar el atentado, y por no haber investigado con la diligencia requerida el ataque.

Bajo el Gobierno del fallecido Néstor Kirchner (2003-2007), el Estado argentino había reconocido en 2005 su responsabilidad internacional por no haber esclarecido el ataque y se comprometió a tomar una serie de medidas de resarcimiento para con los familiares.

El proceso de solución amistosa que se abrió a partir de esa instancia quedó trunco, ante el incumplimiento de las obligaciones asumidas por el Estado, y en 2019, Memoria Activa reclamó a la CIDH, con el apoyo del Centro de Estudios Legales y Sociales (Cels), que declarara la responsabilidad internacional del Estado argentino.

Treinta años después del atentado, la Corte Interamericana, con sede en San José, Costa Rica, destacó también la responsabilidad del Estado argentino por violar el derecho al acceso de la información, el derecho a conocer la verdad, y el derecho a la integridad psíquica y moral en perjuicio de las víctimas del atentado.

Memoria Activa ha reprochado durante este tiempo el papel de la dirigencia de la AMIA y de la DAIA por su postura a favor del encubrimiento del atentado.

En política exterior, Milei se ha alineado con Estados Unidos e Israel, países que ya ha visitado en varias ocasiones como presidente.

Argentina llega así al 31º aniversario del ataque a la AMIA, sin que la justicia haya podido todavía determinar responsabilidades en una de las peores tragedias que sufrió la nación sudamericana en su historia reciente.