Fiscalía impuso multas y suspensiones a funcionarios que «husmearon» causas ajenas
La mayoría de los procesos se inició por accesos no autorizados a causas reservadas, como la del exsubsecretario Monsalve y la denuncia contra Jorge Valdivia. Las sanciones incluyeron desde multas hasta suspensiones.
Más de un centenar de sumarios administrativos instruyó el Ministerio Público durante 2024, principalmente por accesos indebidos a información reservada. Así lo reveló la Unidad de Investigación de Radio Biobío, que dio cuenta de un “boom” de procesos internos tras estallar públicamente la causa que involucra al exsubsecretario del Interior, Manuel Monsalve, imputado por violación.
Según el reportaje, entre octubre y noviembre del año pasado se detectaron ingresos irregulares al sistema interno de causas por parte de fiscales, funcionarios técnicos y administrativos, varios de los cuales no tenían ningún vínculo con las investigaciones. La respuesta institucional fue inmediata: 15 sumarios en menos de un mes, con sanciones que incluyeron multas del 10% al 30% del sueldo, censuras por escrito y suspensiones por hasta dos meses con media remuneración, incluso a un fiscal adjunto.
Causas de alto perfil: Monsalve y Valdivia
Entre las causas más revisadas de forma irregular figuran la del propio Monsalve y la denuncia por violación contra el exfutbolista Jorge Valdivia, también en tramitación en la Fiscalía Centro Norte. El uso del sistema para acceder sin autorización a estos antecedentes fue tipificado como “acceso indebido a información reservada”.
Una fuente interna citada por Biobío reconoció que se trató de un fenómeno generalizado: “Hubo un boom de husmeos”, especialmente luego de que el caso de Monsalve se hiciera público.
Sanciones por acoso y otras faltas
El informe también da cuenta de otros sumarios administrativos. Entre enero de 2024 y abril de 2025 se abrieron cuatro investigaciones por acoso sexual, de las cuales dos culminaron en sanciones: ambas con suspensión por uno o dos meses con goce de medio sueldo.
En paralelo, se instruyeron 26 sumarios por maltrato o acoso laboral, con ocho sanciones efectivas, principalmente amonestaciones privadas o censuras por escrito aplicadas a funcionarios administrativos y fiscales adjuntos.
Remociones y faltas graves
Durante el mismo periodo, cinco funcionarios fueron removidos de sus cargos. Uno de ellos, por un “delito sexual no especificado”; otros, por irregularidades graves en el ejercicio de sus funciones, como omisiones en el registro de causas o incumplimientos de deberes. También figura un fiscal adjunto entre los sancionados con remoción.
Nombres protegidos por ley
Ninguno de los involucrados fue identificado públicamente. Según indicó la Fiscalía en una carta firmada por su directora ejecutiva nacional, Mónica Naranjo, las identidades están protegidas por el artículo 21 de la Ley 19.628, que impide divulgar datos personales en causas disciplinarias ya concluidas.
No obstante, Biobío logró confirmar que dos fiscales regionales fueron objeto de investigaciones por maltrato, ambas cerradas con sobreseimiento. Una de ellas, según fuentes, habría sido la fiscal regional del Biobío, Marcela Cartagena.
