Fundación denuncia “regalo” de US$10 millones por error del exalcalde Lavín en Las Condes

La Fundación Defendamos la Ciudad acusó una millonaria e “improcedente” indemnización que la Municipalidad de Las Condes pagó a una inmobiliaria, como consecuencia directa de lo que califican como una “equivocación” del exalcalde Joaquín Lavín. Según la presentación formal enviada este 10 de julio al Consejo de Defensa del Estado (CDE), el error del exjefe comunal generó un desembolso de US$10 millones por parte del municipio a un actor privado, tras la anulación de un permiso de edificación.

De acuerdo al documento firmado por Patricio Herman (columnista de El Periodista), presidente de la fundación, y respaldado por el abogado Gabriel Muñoz y la exconcejala de Las Condes, Isidora Alcalde, el acto de invalidación del permiso fue firmado irregularmente por Lavín, a pesar de no tener atribuciones para hacerlo. Además, se señala que la Directora de Obras Municipales (DOM) desobedeció una instrucción expresa de la Seremi de Vivienda (Minvu), quien le había ordenado invalidar el permiso que habría sido cursado de manera ilegal.

Los antecedentes fueron expuestos al abogado procurador fiscal del CDE, Marcelo Chandía, a quien los denunciantes solicitaron que el organismo se haga parte del caso.

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Herman indicó en el escrito que, si bien en una audiencia previa se les informó que el CDE solo puede intervenir si lo solicita la alcaldesa en ejercicio, Catalina San Martín, a la fecha no hay confirmación de que esto haya ocurrido. Por ello, solicitan que el propio CDE remita los antecedentes al Ministerio Público para que un fiscal investigue posibles delitos asociados.

En paralelo, la Fundación reiteró su denuncia ante la Contraloría General de la República, con la que ya habían iniciado gestiones el 12 de junio pasado. En esa ocasión, presentaron pruebas ante el Subcontralor General, Víctor Hugo Merino, insistiendo en que el caso debe derivarse a la Fiscalía como un hecho de posible corrupción urbana.

Lavín fue advertido de la ilegalidad de sus acciones y que, de haberse seguido los procedimientos administrativos correctos, el millonario pago se habría evitado.

Desde la fundación acusan que el actuar del exalcalde benefició directamente a una inmobiliaria y que el pago constituye, en la práctica, un “regalo” de recursos públicos. Por ello, insisten en que el Consejo de Defensa del Estado debe actuar para resguardar el interés fiscal y evitar que casos similares se repitan.

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