La Reina retira pantallas y carteles publicitarios declarados ilegales por la Contraloría en 2020

Durante años, cientos de estructuras publicitarias han convivido con el paisaje urbano de las comunas del sector oriente de Santiago, muchas de ellas sin los permisos correspondientes, en abierta contravención a las normas del urbanismo, a la Ley General de Urbanismo y Construcciones y a las ordenanzas municipales. La inacción fue la norma. Pero ahora, dos comunas —La Reina y Ñuñoa— decidieron enfrentar el problema, aunque con motivaciones y estilos distintos.

La Municipalidad de La Reina, liderada por el alcalde José Manuel Palacios (UDI), retiró recientemente 17 de los 18 carteles y pantallas que la Contraloría General de la República había objetado en el marco de la cuestionada licitación de 2018, la cual fue declarada nula por el ente contralor.

Esos carteles, instalados sin los permisos de obras menores exigidos por ley, y en muchos casos sin que se haya pagado la totalidad de los derechos municipales, formaban parte del paisaje de la comuna precordillerana desde hace años a pesar de que la CGR había otorgado un plazo de 10 días al municipio para que subsanara todas estas irregularidades, “invalidando todos los actos contrarios a derecho” y ordenando “el retiro de las estructuras publicitarias emplazadas en contravención a la normativa vigente”. Sin embargo, no se cumplió el dictamen del ente contralor y el alcalde Palacios recién este año, tras el vencimiento de la concesión, tomó las medidas para el retiro de estos letreros.

Estas estructuras —según informes internos— fueron montadas antes de la pandemia con el aval del municipio, pese a que no contaban con los permisos de la Dirección de Obras (DOM), de la dirección de Vialidad del MOP y vulneraban el propio Plan Regulador Comunal. Una revisión de los antecedentes demuestra que las empresas adjudicatarias, entre ellas Global Media S.A., Clear Channel, JC Decaux y Grupo Digital, no cumplieron con los requisitos básicos exigidos por ley.

Concesiones bajo sospecha

El caso de La Reina no es nuevo. En 2020, la Contraloría inició una investigación a partir de una denuncia de los diputados Gabriel Silber (DC) y Tomás Hirsch (Acción Humanista), la que concluyó que el municipio no fiscalizó adecuadamente ni cobró los derechos adeudados por las empresas. Además, cuando la justicia favoreció a la municipalidad en un litigio con Global Media, el alcalde Palacios y el director jurídico se desistieron inexplicablemente de la demanda por más de $233 millones, sin aprobación del concejo, generando dudas en las organizaciones vecinales.

Peor aún fue el caso de JC Decaux, que según el municipio debía $1.926 millones por la explotación de espacios publicitarios entre mayo de 2018 y junio de 2019. El juicio iniciado para recuperar esos montos fue abandonado por la administración, lo que permitió que la empresa quedara exenta de pagar. Hace algunas semanas el municipio del alcalde Palacios fue calificado como “demandante negligente” por el 18° Juzgado Civil de Santiago por abandono de procedimiento en la causa C-7157-2022, caratulada Municipalidad de La Reina con Ruta Comunicaciones y Difusión S.A. El resultado, por los 27 meses que La Reina se despreocupó del juicio de cobranza, es que el municipio se privó de una cuantiosa suma por derechos de publicidad en la vía pública.

Hoy, por esta misma causa, la comuna enfrenta una demanda judicial ya que, transcurridos varios años, aún no devuelve -como lo establecía el contrato y lo solicitó la contraparte- las estructuras publicitarias retiradas por funcionarios municipales que, según los propietarios, presentan graves daños.

Algunos concejales, incluso, se encuentran estudiando acciones contra el edil, por ejemplo, un juicio de cuentas por todas estas cobranzas abandonadas.

«Demandante negligente»: Juzgado acoge abandono de procedimiento en causa de Municipalidad de La Reina

Ñuñoa sigue la ruta

A diferencia de La Reina, donde la hoy activa Contraloría parecería haber apurado la decisión, en Ñuñoa el escenario es otro. El alcalde subrogante Tomás Fuentes (exRN), en ausencia de Sebastián Sichel que está de vacaciones, firmó el Decreto N°01532/2025 que ordena el retiro forzoso de paneles publicitarios y mobiliario urbano sin autorización instalados en bienes nacionales de uso público.

La decisión, calificada como “medida de restablecimiento de legalidad”, entrega 15 días a las empresas para desmontar sus estructuras. Si no lo hacen, el municipio procederá a la demolición con apoyo de Carabineros.

La diferencia con La Reina radica en el enfoque. Ñuñoa no actúa bajo presión del órgano contralor, al parecer tampoco con la vista puesta en los problemas de ilegalidad que podría tener el decreto alcaldicio, sino que abre un nuevo frente en una administración que ha chocado con vecinos, concejales y hasta el INDH. Recordemos que Sichel enfrentó a comienzos de julio críticas por el trato directo —sin licitación— en la recolección de residuos y mantención de áreas verdes, además del conflicto por los parquímetros alrededor del Estadio Nacional. También fue acusado de maltrato a funcionarios por la diputada Lorena Fries.

Ver denuncia diputada Fries

Sichel, por otra parte, podría enfrentar una larga y costosa batalla judicial, por los derechos adquiridos de estas empresas y porque muchas estructuras cuentan con permisos renovados automáticamente el 31 de diciembre.

Tan legales eran que la propia municipalidad publicitó en ellos durante la gestión del actual edil. No se descarta, incluso, que el municipio sea llamado al reconocimiento de una millonaria deuda por la utilización de estos para promocionar sus actividades culturales y deportivas o pagos de permisos de patentes.

Empresas y nombres que se repiten

La industria publicitaria urbana en Chile es reducida y concentrada. Los nombres se repiten: JC Decaux, Global Media S.A. (que absorbió Clear Channel), Power Graphics, Grupo Digital, entre otros. Todos ellos han debido sortear procesos administrativos y de cobranzas con cuestionamientos legales, como quedó demostrado no solo en La Reina, sino también en Lo Barnechea, Vitacura y Santiago.

El argentino Federico Diez Copelli, exgerente de la fallida Sarmiento y hoy cabeza de Global Media, es un actor recurrente. Su empresa acumula millonarias deudas con municipios como Vitacura, donde enfrenta una demanda. En Lo Barnechea, se le otorgó un permiso precario para operar 70 puntos de publicidad sin el procedimiento formal requerido, lo que fue finalmente declarado ilegal por la Corte Suprema en 2020. También enfrenta un conflicto por una pantalla LED publicitaria en la bajada de Santa Teresa, de la misma comuna, que hoy dice que Global no cuenta ni con permiso de obra menor ni solicitud de la empresa y menos registra en sus archivos una resolución de la Dirección de Vialidad que la autorice. Al parecer fue concesionado por Vitacura. Esta municipalidad, tras una solicitud de un particular, por Transparencia, se encontraría estudiando los montos de los derechos pagados y los que deberían haber sido cancelados realmente. Las primeras indagaciones, según fuentes de la comuna, hablan de que la cifra no llegaría ni al 10 por ciento de lo comprometido en la licitación.

De seguir el ejemplo de La Reina, muchas pantallas publicitarias deberían apagarse y retirarse de las comunas de la zona oriente de Santiago.

¿Una limpieza de imagen o una nueva pugna de poder?

Desde el mundo municipal, hay quienes ven en estas acciones un intento por “reordenar los negocios” (áreas verdes, mantención de paraderos, publicidad, recolección de basura, seguridad) y abrir espacio a nuevos actores. Como señalan personeros con experiencia en el mundo municipal, «cuando hay cambio de alcalde, muchas veces se busca favorecer a empresas cercanas políticamente». Lo cierto es que la regulación es laxa, las fiscalizaciones son esporádicas y la tentación de cerrar tratos sin licitación persiste.

El resultado: comunas que pierden millones en derechos impagos, vecinos que conviven con estructuras ilegales y autoridades que, en el mejor de los casos, actúan tarde. La Reina recién ahora cumple con un dictamen de la Contraloría de 2020, y Ñuñoa inicia una ofensiva de alto perfil mediático, pero que genera sospechas sobre sus motivaciones reales.

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