Cordero califica como “grosera” liberación de sicario y admite impacto corrosivo en seguridad pública

El ministro de Seguridad Pública abordó el caso de Alberto Carlos Mejía, asegurando que, pese a la instituciones son sólidas, no son inmunes a la corrupción.

El ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, se refirió a la errónea liberación de Alberto Carlos Mejía, presunto sicario del “Rey de Meiggs”, calificando el caso como “grosero” y de gran impacto negativo en la seguridad pública.

En entrevista con Antofagasta TV, Cordero defendió la solidez de las instituciones, pero advirtió que no son inmunes a la corrupción. “Tenemos instituciones sólidas, pero no son inmunes. Por lo tanto, tener sólidos mecanismos de control en materia anticorrupción, anticipándose a formas que ya han ocurrido en otros países en que puedan afectar o penetrar determinados ámbitos del estado”, afirmó.

Consultado directamente por el caso de Mejía, el secretario de Estado reconoció su gravedad:

“Tiene consecuencias muy corrosivas para el sistema de justicia, pero sobre todo para la seguridad pública”.

Cordero fue enfático al calificar el caso como una excepción dentro del funcionamiento institucional, pero especialmente preocupante por la cadena de fallas que permitió la salida del imputado:

“Es grosero, por el encadenamiento que tiene: es un delito muy violento, hay sicariato, es un tipo que sale de la cárcel, y el sistema institucional se entera 3 o 4 días después. Por eso es grosero de principio a fin”.

Salida de Mejía y debate por policía fronteriza

En los últimos días se confirmó que Mejía abandonó el país por vía terrestre. El sujeto fue transportado por un conductor de aplicación hasta la frontera con Perú, donde fue incluso controlado por militares chilenos que le permitieron salir, según el testimonio del chofer.

Frente a este escenario, el ministro Cordero planteó que es legítimo debatir la creación de una policía fronteriza, dadas las actuales condiciones de seguridad:

“La discusión sobre una policía fronteriza es legítima”.

El caso sigue bajo investigación por parte de diversas instituciones, y ha motivado cuestionamientos tanto al Poder Judicial, como a Gendarmería de Chile y los organismos de control fronterizo.

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