Poder Judicial apunta a problemas de identificación como causa de orden de liberación de sicario
Según se detalló en un comunicado, la primera orden de prisión preventiva contenía datos erróneos, por lo que quedó sin efecto. Posteriormente se ingresó una orden con la información corregida.
El Poder Judicial entregó detalles sobre las acciones adoptadas tras la polémica liberación de Osmar Ferrer Ramírez, imputado como sicario por el asesinato del conocido “Rey de Meiggs”. A través de un comunicado oficial, se aclararon los registros de las resoluciones judiciales y se descartó, preliminarmente, alguna intervención externa en los sistemas informáticos.
Revisión interna del sistema
La presidenta (s) de la Corte Suprema, Gloria Ana Chevesich, citó de forma urgente a la Corporación Administrativa del Poder Judicial (CAPJ), específicamente al equipo informático, con el fin de revisar la trazabilidad de las resoluciones en la causa.
De acuerdo con el informe preliminar:
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El 8° Juzgado de Garantía de Santiago emitió el 9 de julio, a las 20:17 horas, una orden de ingreso a prisión preventiva.
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A las 20:25, esa orden fue dejada sin efecto por problemas en la identificación del imputado.
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A las 20:28 horas, se emitió una nueva orden de ingreso a prisión preventiva, esta vez con los datos corregidos.
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Posteriormente, el tribunal envió dos correos electrónicos a Gendarmería el 10 de julio (a las 12:11 y a las 14:13) notificando ambas resoluciones.
Cabe destacar que el imputado fue puesto en libertad por Gendarmería aproximadamente a las 18:00 horas del 10 de julio, momento en el que la institución ya contaba con toda la información pertinente.
En cuanto al sistema informático, el equipo directivo de la CAPJ confirmó que, inicialmente, se descarta alguna vulneración o hackeo de los sistemas del Poder Judicial.
Además, la presidenta (s) instruyó un diagnóstico del sistema de tramitación penal, con el fin de fortalecer los mecanismos de chequeo y control de las resoluciones emitidas por los tribunales.
Corte de Apelaciones de Santiago también actuó
De forma paralela, el presidente de la Corte de Apelaciones de Santiago, Fernando Carreño, citó a un pleno extraordinario para abordar el caso.
Tras la reunión, el tribunal de alzada resolvió abrir un sumario administrativo, a cargo de un fiscal judicial, y remitir todos los antecedentes al Ministerio Público, que ya abrió una investigación penal.
