Una creciente preocupación se ha instalado en el país tras conocerse una nueva denuncia que involucra a personal de las Fuerzas Armadas en casos de tráfico de drogas. Esta vez, la alerta proviene de la Fuerza Aérea de Chile (FACh), que informó este sábado sobre la detención de cinco funcionarios de la Iª Brigada Aérea en Iquique, sorprendidos en el intento de trasladar una sustancia ilícita antes de abordar un vuelo institucional con destino a la Región Metropolitana.
Se trataría de al menos 4 kilos de cocaína.
Según el comunicado oficial de la institución, el hallazgo se produjo gracias al “reforzamiento de los controles preventivos y los permanentes procedimientos de seguridad”, lo que permitió detectar la maniobra delictiva. La FACh activó inmediatamente los protocolos correspondientes, informando a la Fiscalía de Aviación, que ordenó la privación de libertad de los cinco involucrados, quienes ya se encuentran a disposición de la justicia.
Si bien la institución no detalló el tipo ni la cantidad de droga involucrada, expresó su rechazo categórico a los hechos y reafirmó su “compromiso con la probidad, la disciplina y el cumplimiento estricto de la ley”.
Este nuevo episodio se suma a una serie de casos recientes que salpican a las Fuerzas Armadas y de Orden en materia de narcotráfico y corrupción, lo que ha generado inquietud tanto en el mundo político como en la ciudadanía.
A fines de junio, se conocio la existencia de una red de “narcomilitares” integrada por suboficiales del Ejército que fueron detenidos tras una investigación conjunta entre la institución castrense y Carabineros. El grupo tenía un esquema de internación y traslado de droga a gran escala, con una operación valorada en más de $3 mil millones, y que incluía su transporte hasta Santiago.
Un mes antes, 14 carabineros fueron detenidos en el norte del país por cobrar coimas a conductores bolivianos para evitar controles fronterizos. A ellos se les imputan delitos de cohecho y asociación ilícita, mientras que a tres civiles detenidos se les atribuye el delito de soborno.
Los antecedentes revelan una preocupante penetración del narcotráfico en instituciones clave del Estado, generando un grave daño a su credibilidad. Diversas voces han comenzado a exigir una investigación profunda, reformas estructurales y un fortalecimiento real de los mecanismos de control interno y supervisión civil.
Hasta ahora, ni el Ministerio de Defensa ni La Moneda han emitido una declaración oficial sobre la seguidilla de hechos, aunque se espera que durante esta semana se aborde el tema en la Comisión de Seguridad del Senado y en las comisiones de Defensa de ambas cámaras.
Mientras tanto, las investigaciones siguen en curso y las instituciones involucradas prometen “tolerancia cero” con sus miembros implicados. Pero el impacto ya está hecho: el narcotráfico ha dejado de ser un fenómeno ajeno a las estructuras castrenses y amenaza con socavar pilares fundamentales del Estado de derecho.
