Presidente de Colombia pide que OEA rechace presiones a la Justicia en América Latina

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, pidió este jueves que la Organización de Estados Americanos (OEA) convoque a una sesión especial para debatir la independencia judicial en América Latina, luego de que funcionarios y políticos de EEUU criticaron el fallo en primera instancia contra el expresidente Álvaro Uribe (2002-2010), quien fue hallado culpable de soborno de testigos en un caso que lo vincula con grupos paramilitares.

«Toda Latinoamérica y el Caribe deben garantizar la independencia de sus jueces. No hay justicia si la decisión judicial no es libre. La OEA debe citar a una sesión especial al respecto. Si la Convención Americana de Derechos Humanos continúa, o si el pacto democrático se ha roto en América», manifestó Petro en su cuenta de X.

El pronunciamiento del jefe de Estado se da luego de que Marco Rubio, actual Secretario de Estado del Gobierno de Donald Trump, cuestionara la decisión de la jueza Sandra Liliana Heredia, dictada el pasado 28 de julio.

En ese sentido, el senador del Pacto Histórico (izquierda), Iván Cepeda, reconocido como víctima en el proceso judicial contra Uribe, emitió un comunicado conjunto con organizaciones defensoras de derechos humanos, denunciando «graves presiones nacionales y de autoridades de EEUU contra la independencia del poder judicial colombiano».

«Advertimos sobre los intentos de interferencia en la función jurisdiccional, lo cual representa una amenaza directa a la independencia judicial, al debido proceso y al equilibrio institucional del Estado colombiano», señaló la comunicación.

La jueza Heredia condenó a Uribe por los delitos de fraude procesal y soborno en actuación penal, convirtiéndolo en el primer expresidente colombiano hallado culpable en un proceso penal.

El caso se remonta a 2012, cuando Cepeda presentó testimonios de exparamilitares que vinculaban a Uribe con grupos armados ilegales en Antioquia (noroeste).

Uribe, de 73 años, ha sido una figura dominante en la política colombiana desde su llegada a la presidencia en 2002.

Durante su mandato, promovió una política de seguridad dura, pero su gobierno también enfrentó escándalos como los llamados «falsos positivos» (se asesinaba a civiles y se los hacía pasar por guerrilleros), corrupción y seguimientos ilegales a opositores.

Tras su detención domiciliaria en 2020, Uribe renunció al Senado, lo que derivó en el traslado de su caso a la Fiscalía, que solicitó su archivo en 2021.

Sin embargo, el proceso judicial continuó hasta la condena anunciada esta semana, cuya segunda instancia será revisada por el Tribunal Superior de Bogotá.

Al margen de lo que sucede en Colombia, el presidente Petro también criticó el miércoles la decisión de EEUU de sancionar al juez Alexandre de Moraes, integrante del Supremo Tribunal Federal de Brasil, y aseguró que la decisión rompe con la Convención Americana de Derechos Humanos.

«Las sanciones impuestas al juez Alexandre de Moraes rompen la Convención Americana de Derechos Humanos. Invito a los mejores juristas de América Latina a redactar la demanda respectiva», escribió el mandatario en X.

De Moraes es uno de los principales responsables del proceso contra el expresidente Jair Bolsonaro (2019-2023), acusado de buscar un golpe de Estado contra el actual mandatario, Luiz Inácio Lula da Silva.