UE informa a Ucrania que oficinas anticorrupción son «cruciales» para su adhesión
"La UE proporciona una importante ayuda financiera a Ucrania, condicionada a los avances, la transparencia, la reforma judicial y la gobernanza democrática", ha insistido el portavoz de Ampliación, Guillaume Mercier.
La Unión Europea ha expresado este martes «preocupación» por la ley aprobada en Ucrania para limitar el alcance de dos agencias contra la corrupción, tras apuntar que estas instituciones son «cruciales» para su adhesión al bloque y que hay una serie de fondos vinculados a reformas europeas.
«La UE manifiesta su preocupación por la reciente actuación de Ucrania en relación con sus instituciones anticorrupción, como la Oficina Nacional Anticorrupción de Ucrania y la Fiscalía Especializada Anticorrupción», ha señalado en rueda de prensa desde Bruselas el portavoz de Ampliación, Guillaume Mercier.
En este sentido ha recalcado que estas instituciones y su buena marcha son «cruciales» para el programa de reformas de Ucrania que le acerquen a la UE, por lo que deben funcionar «de manera independiente» para luchar contra la corrupción y mantener la confianza de los ciudadanos.
«La UE proporciona una importante ayuda financiera a Ucrania, condicionada a los avances, la transparencia, la reforma judicial y la gobernanza democrática», ha insistido Mercier.
Por todo ello ha reiterado que la entrada de Kiev en la UE va a depender en buena medida de su capacidad de combatir la corrupción y demostrar fortaleza institucional, subrayando que la UE seguirá la situación y apoyará a Ucrania en estos esfuerzos.
La nueva ley ucraniana limita la autonomía de los principales organismos anticorrupción –Oficina Nacional Anticorrupción de Ucrania (NABU) y la Fiscalía Especializada Anticorrupción (SAPO), en medio de un último escándalo relacionado con la filtración de documentación secreta a los servicios de Seguridad rusos a través de un antiguo diputado, Fedor Jristenko, quien acusado ya de alta traición.
De esta forma, la legislación da poderes al fiscal general para tener acceso a todas las investigaciones de la NABU, así como para dar nuevas instrucciones, archivar los casos y firmar personalmente informes de acusación sobre altos cargos, además de retirar funciones al jefe de la SAPO.
