
Zelenski justifica restricción de autonomía de oficinas anticorrupción
"La infraestructura anticorrupción funcionará, pero sin la influencia rusa. Hay que limpiarla de ella. Y debe haber más justicia", ha dicho Zelenski en un discurso al país tras hablar el martes por la noche con los jefes de la Oficina Nacional Anticorrupción de Ucrania (NABU) y Fiscalía Especializada Anticorrupción (SAPO).
El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha justificado este miércoles la reciente ley aprobada por el Parlamento que limita la autonomía de las dos grandes agencias anticorrupción independientes por la supuesta injerencia rusa dentro de las mismas. «Hay que limpiarlas de la influencia de Moscú», ha dicho.
«La infraestructura anticorrupción funcionará, pero sin la influencia rusa. Hay que limpiarla de ella. Y debe haber más justicia», ha dicho Zelenski en un discurso al país tras hablar el martes por la noche con los jefes de la Oficina Nacional Anticorrupción de Ucrania (NABU) y Fiscalía Especializada Anticorrupción (SAPO).
Zelenski ha asegurado que ambas oficinas seguirán funcionado, si bien la ley aprobada este martes en la Rada Suprema prevé que la figura del fiscal general pueda intervenir en las investigaciones de las mismas, dar nuevas instrucciones y archivar casos, al mismo tiempo que limita las funciones del jefe del SAPO.
En ese sentido, Zelenski ha señalado que es necesario que los delitos no queden sin castigo y que se investiguen los casos que aún permanecen «latentes», aludiendo a los de aquellos «funcionarios que han huido de Ucrania» y durante años han estado viviendo de manera «muy agradable» en el extranjero y «sin consecuencias legales».
«Esto no es normal. No hay una explicación racional de por qué procedimientos penales por valor de miles de millones han estado ‘colgados’ durante años. Y no hay explicación de por qué los rusos todavía pueden obtener la información que necesitan», ha declarado el presidente ucraniano.
«Es importante que la sociedad realmente vea que no hay injerencia y rusa y que el castigo es inevitable», ha incidido Zelenski en su primera declaración pública a unos hechos que se han acelerado esta semana, en medio de numerosos registros a estas oficinas, arrestos y escándalos relacionados con filtraciones a Rusia.
«Todos tenemos un enemigo común: Rusia y la protección del Estado ucraniano presupone la solidez suficiente de los sistemas policiales y anticorrupción», ha dicho tras reunirse de nuevo este miércoles con los jefes de la SAPO y la NABU y con otros altos funcionarios como el ministro del Interior, Igor Klimenko.
«Por el bien de los intereses de Ucrania. Acordamos que todos trabajaremos exclusivamente de forma constructiva», se ha comprometido Zelenski, quien ha informado de que la próxima semana se reunirán de nuevo para establecer un «plan de acción común» que «definirá las medidas necesarias» para enfrentar estos desafíos.
Aún con todo, también han llegado desde Bruselas muestras de preocupación por esta maniobra legislativa que mermar las capacidades de estas dos agencias. La NABU se encarga de investigar de manera independiente de la Fiscalía General casos de corrupción entre altas figuras del Estado con la supervisión de la SAPO.
NABU Y SAPO LAMENTAN SU PÉRDIDA DE INDEPENDENCIA
En un comunicado conjunto, ambas agencias han lamentado que con estas nuevas medidas «han sido despojadas» de sus capacidades para hacer frente a la «corrupción de alto nivel y han «minado» de manera significativa su independencia, unas cuestiones que le han trasladado a Zelenski durante la reunión.
«Para restablecer el funcionamiento pleno e independiente de estas instituciones, se requieren medidas legislativas inequívocas que restablezcan las garantías revocadas por el Parlamento», han reclamado.
Las dos agencias han reafirmado su «compromiso» con «los intereses del pueblo ucraniano», el Estado de derecho y las normas, por lo que esperan reciprocidad por parte del resto de organismos encargados de hacer cumplir la ley.
Mientras tanto, el fiscal general, Ruslan Kravchenko, ha adelantado sus intenciones de poner en marcha una auditoría de todos los casos de la NABU y la SAPO cuyas investigaciones se han prolongado durante «más de dos años».