Abogado de Jimmy Lai defiende libertad de expresión en alegatos finales de juicio por sedición
El magnate de los medios de comunicación, uno de los organizadores de las grandes protestas de 2019 contra las ambiciones soberanistas de Pekín contra la autonomía territorial, lleva bajo custodia desde diciembre de 2020 y actualmente está cumpliendo condena por un caso de fraude que ha denunciado como una persecución política.
Robert Pang, el abogado del antiguo magnate de los medios de comunicación Jimmy Lai, ha defendido este miércoles ante un tribunal de Hong Kong la libertad de expresión en el marco de los alegatos finales por el caso en contra de su cliente por presuntamente conspirar con fuerzas extranjeras y publicar material sedicioso.
«No se puede obligar a nadie a pensar de una forma u otra», ha afirmado ante el tribunal de West Kowloon, alegando que «tampoco es erróneo» hacer un llamado a un gobierno para «cambiar sus políticas», ya sea desde dentro o fuera del territorio, según ha recogido ‘South China Morning Post’.
Por su parte, el fiscal Anthony Chau ha citado un editorial del ‘Apple Daily’ –el periódico que fundó el opositor– que no contenía «críticas racionales» y que pedía sanciones contra las autoridades de Pekín y Hong Kong, por lo que a su juicio este tipo de conductas pueden ser catalogadas de «sediciosas».
No obstante, la jueza del Tribunal Superior, Esther Toh, ha expresado dudas sobre esta línea de argumentación. ¿Se puede escribir un artículo crítico sobre el problema del agua, pero hay que aventurarse a ofrecer soluciones?», ha cuestionado, según ha recogido Hong Kong Free Press.
Lai reconoció durante el juicio que durante una reunión en julio de 2019 le pidió al entonces vicepresidente de Estados Unidos Mike Pence que apoyara a Hong Kong en el marco de las protestas prodemocráticas aquel año, si bien «nunca» le exigió que tomara medidas en represalia contra China o las autoridades del territorio.
Los fiscales apuntan a que Lai, acusado en virtud de la controvertida ley de seguridad nacional, tenía un «enfoque calculado y estratégico» para pedir sanciones extranjeras contra las autoridades de Pekín y Hong Kong.
El opositor, uno de los organizadores de las grandes protestas de 2019 contra las ambiciones soberanistas de Pekín contra la autonomía territorial, lleva bajo custodia desde diciembre de 2020 y actualmente está cumpliendo condena por un caso de fraude que ha denunciado como una persecución política.
