La Comisión para el Mercado Financiero (CMF), encargada de velar por la estabilidad y transparencia de los mercados financieros en Chile, enfrenta hoy serios cuestionamientos, según informó hoy Desenfoque.cl.
Una denuncia enviada a la propia Unidad de Investigación de la CMF expone una serie de actuaciones ligadas al grupo financiero EuroAmerica S.A. que, aunque en apariencia se ajustan a la legalidad, podrían contradecir el espíritu de la ley y poner en entredicho los principios básicos de fiscalización y protección de los ahorros previsionales.
La denuncia, firmada por el académico Iván Rojas y dirigida a la presidenta de la CMF, Solange Bernstein, detalla tres casos emblemáticos: la adquisición del control de Clínica Las Condes, la participación en Enjoy S.A., y la operación de quiebra en Curauma S.A. En todos ellos, el hilo conductor es el mismo: un aparente uso instrumental de entidades reguladas, operaciones entre partes relacionadas, conflictos de interés no fiscalizados, y silencios regulatorios que comprometen la confianza pública.
Caso 1: Clínica Las Condes y la estrategia del rescate encubierto
En 2018, EuroAmerica adquirió la totalidad de los bonos emitidos por Clínica Las Condes (CLC) por US$157,6 millones, a pesar de los notorios problemas financieros y conflictos legales de la institución médica. Cinco años después, tras sucesivas degradaciones en su clasificación de riesgo, la matriz EuroAmerica S.A. ingresó como accionista de CLC, financiada en parte por pagos millonarios desde su filial EuroAmerica Seguros de Vida S.A., supuestamente por “asesorías financieras”.
Entre 2010 y 2022, esta última transfirió más de 1,8 millones de UF a su matriz en concepto de asesorías, cifra que excede con creces los costos operativos y remuneraciones totales de la filial. La sospecha es grave: se estaría utilizando la estructura del grupo para rescatar inversiones fallidas de la matriz mediante la canalización de recursos desde una compañía aseguradora que administra rentas vitalicias, afectando potencialmente la seguridad de los fondos previsionales.
Caso 2: Enjoy, colusión y conflicto de interés no detectado
La relación entre EuroAmerica y la empresa de casinos Enjoy también genera inquietud. En 2021, tras la reconversión de deuda en acciones, EuroAmerica pasó a controlar el 19,7% de Enjoy. Un año después, su filial Seguros de Vida ingresó a la propiedad con una participación del 25,25%, incluso mientras la empresa enfrentaba serios problemas financieros y estaba involucrada en una fusión con Dreams, actualmente bajo investigación por colusión.
Lo más preocupante es la múltiple participación de altos ejecutivos como Henry Comber y Nicholas Davis en ambas compañías durante este periodo. A pesar del cruce evidente de intereses, la CMF no activó ninguna alarma ni abrió procesos de fiscalización, omitiendo el posible impacto de estas decisiones sobre los fondos previsionales invertidos por EuroAmerica Seguros de Vida.
Caso 3: Curauma y el “modelo CAVAL” con terrenos valorizados en millones de UF
El caso más complejo es el de Curauma S.A., una empresa que, tras caer en problemas financieros, vio cómo EuroAmerica Seguros de Vida traspasaba sus terrenos —con garantías contractuales vigentes— a una empresa del mismo grupo, Administraciones y Proyectos EuroAmerica (APE), una mini PYME sin personal ni respaldo operativo.
La operación se concretó días antes del vencimiento de una cuota clave, sin tasación independiente y con financiamiento exprés del Banco de Chile, en condiciones similares al escandaloso caso CAVAL. Tras una serie de maniobras judiciales, APE revendió los terrenos a la compañía de seguros en 2020, generando una ganancia del 73% a costa de la propia aseguradora. Todo, según la denuncia, con el consejo del entonces intendente Osvaldo Macías y en medio de un proceso judicial plagado de anomalías, incluida una manipulación en el sistema de distribución de causas del Poder Judicial.
Un patrón de conducta, no hechos aislados
La denuncia presentada a la CMF sostiene que estos tres casos no son eventos aislados, sino parte de un patrón sistemático que pone en riesgo el correcto uso de instrumentos financieros por parte de entidades que deberían operar con máxima transparencia y responsabilidad fiduciaria. A través de estructuras legales complejas y movimientos intra-grupo, se habría logrado trasladar pérdidas, rescatar inversiones fallidas, y obtener rentabilidad para las matrices, a costa de compañías reguladas y, por ende, de los ahorros de chilenos que confiaron en esas instituciones.
Silencio regulatorio: ¿ineficiencia o connivencia?
La presidenta de la CMF, Solange Bernstein, recibió esta denuncia con todos sus antecedentes el pasado 22 de julio, bajo el código de verificación 20250722174313. Hasta ahora, no se ha pronunciado públicamente.
En un contexto donde la desconfianza en las instituciones públicas se profundiza, y con recientes escándalos que involucran a la Justicia, Gendarmería y el Ministerio Público, esta denuncia plantea preguntas urgentes sobre la capacidad de los órganos del Estado para supervisar con eficacia, prevenir conflictos de interés y garantizar que las normas no se usen como coartada para operaciones que —aunque legales en la forma— pueden resultar profundamente injustas o incluso ilícitas en el fondo.
Una oportunidad para corregir
El denunciante Iván Rojas concluye su presentación con una propuesta: que la CMF no solo investigue a fondo estos hechos, sino que promueva una modernización urgente de los mecanismos de control, especialmente en el contexto de ciberseguridad y trazabilidad digital. Hoy, señala, los procedimientos judiciales y regulatorios no cuentan con protección ni interoperabilidad suficiente para detectar irregularidades complejas ni resguardar debidamente la integridad de los datos y procesos.
“Todo esto debe investigarse a fondo. No podemos seguir permitiendo que la apariencia de legalidad oculte prácticas que, en la práctica, erosionan la fe pública”, concluye.
