Concejal de Ñuñoa denuncia a Sichel por exponer acusación en su contra bajo Ley Karin
Andrés Argandoña acusa al alcalde por vulnerar la confidencialidad y usar la denuncia como arma política. Sichel asegura que actuó por solicitud de la funcionaria denunciante.
La tensión política en Ñuñoa escaló nuevamente esta semana, luego de que el concejal Andrés Argandoña presentara una denuncia ante la Contraloría General de la República contra el alcalde Sebastián Sichel, acusándolo de vulnerar la confidencialidad y la probidad al revelar en una sesión del concejo municipal la existencia de una denuncia en su contra por la Ley Karin.
Según el concejal, durante dicha sesión Sichel hizo pública una acusación de acoso laboral presentada por una funcionaria municipal, sin que él hubiera sido previamente notificado ni informado oficialmente de la existencia del proceso. “Más allá de la validez o no de lo denunciado (…), hacer pública una denuncia bajo la Ley Karin constituye una falta a la confidencialidad expresamente establecida en la ley”, señaló Argandoña. Añadió que, a cuatro meses del episodio, aún no ha recibido notificación formal alguna.
El concejal acusó además que esta exposición pública fue utilizada como un mecanismo de amedrentamiento político. “Estoy ingresando en Contraloría una denuncia contra el alcalde por vulnerar la confidencialidad y la probidad, infringiendo la misma Ley Karin que invoca en mi contra con objetivos políticos”, afirmó.
La versión del alcalde Sichel
Desde la alcaldía, en tanto, aseguran que la denuncia sí fue presentada formalmente en mayo por una funcionaria municipal, luego de que el concejal cuestionara su competencia profesional y criticara su desempeño durante una sesión pública del concejo. “Una funcionaria denunció por Ley Karin al concejal Andrés Argandoña por declaraciones que menoscaban su calidad profesional”, afirmó Sichel.
El alcalde sostiene que fue la propia denunciante quien solicitó que se informara al concejo sobre la denuncia y que se leyera una declaración donde manifestaba sentirse perjudicada y afectada en su integridad. “Una autoridad tiene que estar del lado de las víctimas y no seguir asustando a funcionarios”, argumentó Sichel.
Sobre la falta de notificación al concejal, explicó que el proceso formal —al involucrar a una autoridad electa— debía canalizarse a través de la Contraloría, lo que implica demoras administrativas y la recopilación de informes internos.
El conflicto entre Argandoña y Sichel no es un hecho aislado. Desde la llegada del exministro al municipio, en diciembre de 2024, se han registrado múltiples fricciones entre el edil y el bloque de concejales del Frente Amplio y otros sectores. El episodio actual, centrado en la aplicación y alcances de la Ley Karin, reabre el debate sobre los límites de la transparencia, la confidencialidad en denuncias de acoso laboral, y el uso político de estos mecanismos.
Por ahora, será la Contraloría quien deberá pronunciarse respecto a la legalidad de los actos del alcalde, mientras la controversia sigue creciendo en una comuna donde el debate político parece no dar tregua.
