Contraloría detectó que MOP pagó de forma improcedente más de $300 millones por concesión

La Contraloría General de la República detectó una serie de incumplimientos en los desembolsos efectuados por el Ministerio de Obras Públicas a la sociedad concesionaria a cargo de la obra “Concesión Ruta 66 – Camino de La Fruta”, entre ellos, el pago improcedente de $329.540.767 por cuatro facturas emitidas por la empresa.

Lo anterior, debido a que la Dirección General de Concesiones de Obras Públicas (DGC) aceptó, como parte de los gastos asociados al servicio de construcción de la obra, desembolsos presentados por la firma por un total de $1.734.425.077, pese a que no se acreditó su relación directa con la ejecución de la obra.

“Los antecedentes proporcionados por la DGC no permiten sustentar por sí solos que los gastos considerados para determinar el valor de las facturas (…) tengan la aludida relación con la ejecución de esta obra”, detalla el informe. Por ello, la CGR anunció que formulará el correspondiente reparo, es decir, una demanda que da inicio al juicio de cuentas.

Otro de los hallazgos reveló que la Inspección Fiscal aprobó el 80% de avance de dos subsectores de la obra, sin que en algunos casos se respaldara documentalmente el total del progreso reportado por la empresa.

Adicionalmente, se constató que el concesionario entregó de manera incompleta parte de los proyectos de ingeniería de detalle de la obra, lo que no fue advertido por la inspección fiscal.

Una cuarta observación relevante se refiere a que la inspección fiscal aprobó el proyecto de agua potable y alcantarillado para el Área de Servicios Generales y Atención de Emergencias, pese a que aún no contaba con el visto bueno de la autoridad sanitaria, infringiendo las bases de licitación.

Acciones derivadas

Además del reparo (demanda), Contraloría ordenó a la DGC sustentar los porcentajes de avance identificados en el informe, de tal manera de acreditar que, al momento de sancionarse el cumplimiento del hito del 80%, estos presenten los progresos declarados.

Asimismo, el inspector fiscal deberá proponer las multas por el atraso en la entrega de los proyectos de ingeniería de detalle y por la falta de autorización sanitaria. Además, la Dirección General de Concesiones deberá iniciar un procedimiento disciplinario tendiente a determinar las eventuales responsabilidades administrativas que pudieran derivar de los hechos recién descritos.