Revelación de red de sobornos en Gobierno de Javier Milei en Argentina
La justicia trasandina ordenó 14 allanamientos tras la filtración de grabaciones del exdirector de la Agencia de Discapacidad, Diego Spagnuolo.
El gobierno de Javier Milei enfrenta su crisis más seria desde que asumió la presidencia. Una serie de audios filtrados del exdirector de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo, derivaron en una denuncia penal y una ola de allanamientos ordenados por el juez federal Sebastián Casanello.
En las grabaciones, Spagnuolo acusa al propio presidente Javier Milei, a su hermana y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y al asesor de esta, Hernán “Lule” Menem, de formar parte de una red de sobornos mediante licitaciones con sobreprecios en el área de medicamentos. También figura como implicado Eduardo Kovalivker, dueño de la empresa Suizo Argentina, que habría actuado como intermediaria en la triangulación de fondos públicos.
La denuncia fue presentada por el abogado Gregorio Dalbón, conocido por representar a la expresidenta Cristina Fernández, y apunta a una supuesta trama de corrupción en la que se desviaban comisiones y pagos irregulares a través de proveedores del Estado.
Durante los operativos, que incluyeron las oficinas de ANDIS, las instalaciones de Suizo Argentina y las viviendas de varios implicados, se incautaron documentos, computadoras, celulares, una máquina de contar billetes y sobres con grandes sumas de dinero: 266 mil dólares y 7 millones de pesos argentinos.
En los audios, Spagnuolo afirma haber hablado directamente con el presidente: “Están choreando, te podés hacer el boludo, pero no me tiren a mí este fardo. Tengo todos los WhatsApps de Karina, olvidate”. Más adelante sostiene que Karina Milei y Martín Menem “se llevan de medio palo para arriba por mes en medicamentos”, asegurando tener pruebas de que la hermana del mandatario recibía “el 3 por ciento”.
Tras la filtración, la Casa Rosada removió a Spagnuolo de su cargo, confirmando indirectamente la autenticidad de los audios. El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, fue el único miembro del gobierno que se refirió públicamente al caso, señalando: “Yo no pongo las manos en el fuego por ningún funcionario. Son temas que tiene que investigar la Justicia”.
La causa judicial fue calificada como “reservada” por el tribunal, y se espera que las próximas semanas sean claves para determinar el alcance de las responsabilidades políticas y penales dentro del entorno presidencial.
