
ODECU exige justicia para víctimas chilenas del herbicida Roundup
A través de una demanda colectiva interpuesta ante el 22° Juzgado Civil de Santiago, se busca obtener una compensación de $200 millones de pesos por persona afectada, dividida en daño material y moral.
La Organización de Consumidores y Usuarios de Chile (ODECU) reiteró su compromiso con la defensa de los derechos de las personas que han sido gravemente afectadas por la exposición prolongada al herbicida Roundup, comercializado en Chile por Bayer/Monsanto.
El producto, ampliamente usado en la agricultura chilena por décadas, contiene glifosato, un compuesto que desde 2015 ha sido clasificado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) como “probablemente cancerígeno para los seres humanos”. A pesar de esta advertencia y de múltiples estudios internacionales que confirman el vínculo entre el glifosato y el linfoma no Hodgkin, en Chile las víctimas aún esperan justicia, a diferencia de Estados Unidos y Europa, donde Bayer ya ha compensado a más de 127.000 personas con más de US$11 mil millones. “Cada día que pasa sin respuesta es un día más de angustia, de tratamientos y de incertidumbre para nuestros representados. Es hora de que Chile reconozca a las víctimas y repare el daño causado”, señala el abogado de ODECU, Juan Sebastián Reyes.
Testimonios que estremecen
En un reportaje emitido por Chilevisión Noticias, se dieron a conocer conmovedores testimonios de personas diagnosticadas con distintos tipos de cáncer tras haber estado expuestas al Roundup en su trabajo agrícola o en el entorno rural donde vivían. “Yo usé ese producto durante años. En la viña, en la parcela. Uno pensaba que, si lo vendían, era seguro. Hoy tengo cáncer y ya no puedo trabajar. No es justo”, relató Luis, un extrabajador agrícola de la Región del Maule. “A mi esposo lo diagnosticaron hace un año. Trabajó toda su vida en campos donde se rociaba Roundup sin ninguna protección. La empresa lo sabía. Ahora estamos solos, esperando justicia que no llega”, compartió María, esposa de otro afectado.
Estos relatos no son aislados. Corresponden a un patrón doloroso y persistente: personas que confiaron en productos legales y ampliamente difundidos, sin saber que estaban comprometiendo su salud de manera irreversible.
El Estado no puede seguir ignorando esta realidad
Una de las voces políticas que ha manifestado preocupación por esta situación es la del senador Juan Luis Castro, presidente de la Comisión de Salud del Senado. En el mismo reportaje, el parlamentario fue enfático: “No se trata solo de un problema judicial, sino de una deuda ética con los ciudadanos. El Estado no puede mirar hacia otro lado mientras personas desarrollan cáncer producto de sustancias que deberían haber sido retiradas hace años.” El senador hizo un llamado a acelerar el proceso judicial y revisar los protocolos de comercialización de agroquímicos en Chile. También cuestionó que, pese a la prohibición de importación del producto, se permitiera la venta de los stocks existentes, lo que expuso a más personas a un riesgo conocido.
Un contraste doloroso con el resto del mundo
Mientras las demandas avanzan y se resuelven en otros países, los chilenos siguen esperando. En Estados Unidos, Bayer ya ha pagado compensaciones cercanas a 100 mil dólares por persona afectada. En Chile, sin embargo, los pacientes deben seguir enfrentando su enfermedad sin apoyo, sin reparación y con un proceso judicial que avanza lentamente. “Este no es solo un caso judicial. Es un símbolo de cómo tratamos a las víctimas ambientales y sanitarias en nuestro país. Bayer ya reconoció su responsabilidad en el mundo. Chile no puede ser el último en reaccionar”, agregó Stefan Larenas, presidente de ODECU.
ODECU exige acción concreta
Frente a este escenario, ODECU reitera:
- Que se avance con urgencia en la tramitación de la demanda colectiva.
- Que se reconozca oficialmente a las personas afectadas por la exposición prolongada al glifosato como víctimas de daño sanitario.
- Que se fortalezca la regulación de sustancias químicas peligrosas, con criterios preventivos y éticos.
Además, ODECU hace un llamado a otros países de Latinoamérica a no repetir la historia de omisión chilena. La exposición al Roundup no distingue fronteras, pero la respuesta sí puede —y debe— marcar la diferencia.