La casta política y el poder económico son los dueños del país

El comando político de Jara criticó que el mediático empresario Juan Sutil, quién ya se considera un rock star al anunciar por la prensa que «tomó la decisión de con quien se sacará la foto», haya ingresado a la primera línea de la candidatura de Matthei. Otro empresario, mejor dicho inversionista, Nicolás Ibáñez, millonario heredero de los antiguos supermercados Almac, ya les rayó la cancha a los 3 candidatos de derecha al expresarles públicamente y con sentido imperativo, teniéndose presente su calidad de admirador de Pinochet, que no habrá dinero para sus campañas si no proceden como él desea.

Las encuestas indican actualmente que entre Jara y Kast está la pelea para llegar a la final, pero todo puede suceder el próximo domingo 16 de noviembre, pues los nombres de Parici y Enríquez-Ominami se observan que van «por los palos. Pero, tal como están las cosas, sin que nadie me lo haya consultado, como conocedor y crítico de nuestra endeble institucionalidad, deberé abstenerme de ir al lugar de votación, pues salga quien salga elegido como presidente (a) el despelote se mantendrá sin variaciones, pues los que ejercen el poder político, de extremo a extremo, son simples amanuenses de quienes disfrutan del poder económico.

Nuestros dichos en columnas de opinión y en entrevistas en medios no capturados por la élite, nunca desmentidos, están avalados por el silencio cómplice de todos aquellos que viven a sus anchas con los suculentos ingresos que reciben mensualmente del erario nacional y como un brutal ejemplo de ello, tenemos el caso del empresario de la construcción, José Miguel Martabit, quien edificó su mansión de 3.600 m2 en el borde del lago Villarrica, sin el permiso de edificación correspondiente.

Este osado hombre de negocios disponía de una autorización administrativa del director de obras municipales (DOM) de Pucón para construir una casa-habitación de un poco más de 200 m2, pero como no se conformó con una vivienda tan chica, conocedor de la frecuente impunidad en boga, construyó los 3.600 m2. Por tal elemental motivo existen innumerables «observaciones» y multas cursadas por ese funcionario municipal y dada la amistosa relación del empresario con el Seremi Minvu de La Araucanía, éste funcionario de gobierno tuvo la patudez de ordenar al DOM de Pucón que cursara el permiso para así regularizar la situación que incomodaba al particular.

Ante este eficaz lobby del privado el alcalde de Pucón, Sebastián Álvarez, está recurriendo a la Contraloría General de la República para que haga imperar la ley. Dicho sea de paso, la mayoría de las casas construidas en la orilla de ese lago, conforme a un anterior análisis del ente fiscalizador, se encontraban en situación irregular, lo que acontece en todas partes del país. Afortunadamente, desde hace algunos años, la dirección de avaluaciones del Servicio de Impuestos Internos (SII) dispone de drones para detectar las viviendas construidas y aunque no estén recibidas por los municipios, ni tampoco inscriptas en los Conservadores de Bienes Raíces, igual se cursan los pagos de las contribuciones a sus poseedores.

Pues bien, con la arquitecta Cynthia Ross, ex funcionaria del Minvu, el jueves 07/08/2025 teníamos agendada una entrevista a las 15.30 horas con la alcaldesa de Las Condes, Catalina San Martín, para insistirle nuevamente que debía recurrir al Consejo de Defensa del Estado (CDE) para que el ex alcalde Joaquín Lavín respondiera ante la Justicia por la inexcusable negligencia cometida por él, en orden a asumir un rol que no le correspondía, «error» consciente o inconsciente, que le significó a esa municipalidad pagarle graciosamente US$ 10 millones a la Inmobiliaria Nueva El Golf SpA.

A la alcaldesa San Martín se le olvidó asistir a la audiencia o bien no pudo estar presente por tener otro compromiso más interesante, como por ejemplo un opíparo almuerzo con amigas en un restaurant del barrio El Golf, razón por la cual nos recibieron la abogada Alicia De la Cruz y el abogado Jorge Gutiérrez, directora jurídica y profesional experto en litigios, respectivamente. Por este episodio y por otras cosas entretenidas, fuimos entrevistados por Francisco Martorell, director del medio de expresión El Periodista.

En la aludida cita, la abogada De la Cruz nos informó que tanto ella como la alcaldesa San Martín, se habían reunido recientemente con Raúl Letelier, presidente del CDE, para tratar este burlesco desaguisado, más otros dos imputables a administraciones anteriores, expresándonos que el municipio, a través de sus abogados externos, iniciará acciones judiciales en «contra de quienes resulten responsables», ante lo cual se le respondió inmediatamente que así no se iba a llegar a ningún lado. Se le explicó a la competente abogada que el deber de dicho municipio es perseguir la responsabilidad del único responsable en el perjuicio monetario y que solo un Fiscal del Ministerio Público tiene las herramientas idóneas para conocer las motivaciones que tuvo Lavín para equivocarse y por ende beneficiar al privado.

Ya para reírse, hay un Programa para el Mejoramiento de la Gestión, PMG, originado en la Ley N° 19.803, del año 2002, cuyo objetivo es asignarles bonos extraordinarios mensuales a los funcionarios municipales de planta y a contrata que ejecutan correctamente sus trabajos, dineros que están afectos a las imposiciones e impuestos de quienes los reciben. Naturalmente todos los alcaldes, concejales y el resto de los funcionarios, debido a que cumplen «rigurosamente» ese PMG, se hacen acreedores a este sustancioso incentivo, aumentando así en un alto porcentaje sus elevadas remuneraciones, el que se une a la labor de las horas extraordinarias, determinadas por ellos mismos.

Como observamos, la casta política se las arregla ingeniosamente para disponer de sustanciosos sueldos que nunca podrán recibir si se desempeñan en el sector privado y por ello felicitamos al vecino de Las Condes, Lorenzo Opazo, quien por su calidad de contador auditor, en conocimiento de algunos arreglines en esa municipalidad, se vio en la necesidad de denunciarlos el 24/07/2025 en la Contraloría General de la República.