Leonardo Daneri sobre retraso en hospitales concesionados: “La pregunta no hay que hacérsela al MOP sino al Minsal”

Leonardo Daneri Jones tiene una vida profesional vinculada a la infraestructura y las concesiones. Ingeniero Civil, empresario, consejero de la Cámara Chilena de la Construcción y ex presidente de Copsa, es un testigo privilegiado de la historia del sistema concesional chileno, y desde esa perspectiva revisa cuáles son los principales desafíos del área y las vías para destrabar los proyectos en conflicto.

Hay una diversidad de proyectos hospitalarios concesionados, con diferentes estados de avance, que enfrentan retrasos significativos. ¿Hay una crisis del modelo concesional en salud?
Es cierto que hay retrasos y conflictos, pero no son las concesiones el problema, al contrario, los mayores problemas que tiene hoy el Estado para la provisión de infraestructura y servicios se vinculan a la carencia de recursos, sean estos humanos, financieros y/o técnicos. Y en todas estas materias el sistema concesional es parte de la solución, no del problema.

Cuando los privados toman una obra y su construcción bajo un contrato de concesión no solo aportan gestión y conocimiento experto, también entregan un financiamiento al Estado: financian los costos del proyecto con recursos propios y levantando financiamiento en el mercado. Luego cobran esos costos de forma diferida, sea a través de tarifas o a través de subsidios, por lo que el fisco siempre obtiene un beneficio, liberando recursos para atender otras necesidades urgentes.

¿Y por qué hay quienes sugieren que los problemas de retrasos en la puesta en operación de algunos hospitales se deben a la falta de recursos públicos?
Para entenderlo hay que hacer un poco de historia. Los problemas que enfrenta cualquier obra pública concesionada se duplican cuando el proyecto depende de un solo ministerio, si no que de dos. Y este el caso de las llamadas concesiones de 2ª generación. Tras el éxito del modelo en la provisión de bienes públicos como las carreteras y autopistas, el país buscó fórmulas para exportarlo a otras áreas intensivas en infraestructura, como fueron las cárceles y los hospitales.

Aquí ha habido múltiples aprendizajes y no viene al caso detallar toda esta historia, pero hay aspectos distintivos en estos casos que se mantienen. Por ejemplo, que los modelos de financiamiento no se sostienen con tarifas a los usuarios (como los peajes), sino con un cobro diferido al Estado. Y también que, en estos casos, el mandante, es decir el Estado, tiene dos caras: el MOP y el ministerio sectorial del caso (Justicia, en el caso de las cárceles y Salud, en el caso de hospitales).

Y esto añade mucha tensión al sistema. Uno pensaría que la mayor coordinación y comunidad de intereses está dentro del mismo Estado, pero la realidad suele ser muy diferente.

Dicho coloquialmente ¿se tiran la pelota entre ellos?
Sí, hay mucho de eso. Pero también hay problemas de agencia y de foco, en las normas técnicas, en las exigencias. Los ministerios sectoriales muchas veces diseñan pensando en el óptimo teórico y luego hay que ajustar todas esas exigencias a la realidad y ese proceso no es ni simple ni exento de problemas. Y mientras más se alejan los plazos de diseño, recepción y pago, más distorsiones se acumulan.
Se trata de procesos complejos y cuando, como está pasando ahora, se introducen más variables y conflictos exógenos, la situación empeora exponencialmente. Creo que uno de los ejemplos más dramáticos es el del Hospital del Salvador.

¿Por qué el más dramático?
Porque ha sufrido prácticamente todos los problemas posibles y más. Al inicio de su proceso, hace más de 11 años, se levantó un debate político respecto de la pertinencia de las concesiones en salud.

Entre una cosa y la otra se le sumaron uno a dos años al proceso y cuando parecía verse la luz al final del túnel, el Salvador chocó con el Consejo de Monumentos y otros vericuetos de la hoy denominada permisología. El efecto: otros 3 años de atrasos a los que se sumaron la pandemia, con los problemas materiales y operacionales que trajo aparejada. Y como si fuera poco, se dispararon luego los precios en materiales e insumos, lo que distorsionó otro tanto el proyecto.
Se suele pensar que los efectos de todo esto solo se traduce en tiempo, en los plazos, pero proyectos que se atrasan generan muchos otros problemas: mayores costos, vencimientos de plazos financieros y cambio en las condiciones del propio proyecto. Los cambios de exigencias suman a esto temas de obsolescencia de equipamientos que se pensaron para una realidad que ha cambiado. El Salvador ha enfrentado todo esto y más. Es dramático.

¿Quién es el principal responsable en este drama? La Ministra de Obras Públicas escribió una carta a El Mercurio diciendo que el Estado ha respondido a todas sus obligaciones en el caso de El Salvador.
Lo que dice la Ministra es cierto, pero el problema no está en lo que se ha hecho, sino en lo está por hacerse. El conflicto hoy es que, El Salvador habiendo solventado todas las variables comentadas, el país tiene un hospital de primer nivel prácticamente listo, pero no puede usarlo. La pregunta es por qué no resolvemos esto y me parece que la pegunta acá no es para MOP sino para el Minsal.

¿Es Salud el que no quiere recibir el hospital?
No creo que no quiera, pero una vez que lo reciba, el hospital deberá ponerse en operación y es de público conocimiento que el presupuesto del Minsal para este año ya fue ejecutado y que las arcas fiscales tienen un descalce entre los ingresos estimados y los realmente recaudados. En estas condiciones, creo que el problema no es si falta un 2% de la obra por terminar; eso es una explicación, pero no una razón. Si ese problema desapareciera, el problema de los recursos para operar seguiría ahí. Entonces creo que hay un elefante en la habitación y es importante transparentarlo, hablar del problema de financiamiento nos permitiría, como país, buscar una solución a ese problema.