El ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, se refirió este domingo al proceso de extradición del sicario colombiano Alberto Carlos Mejía Hernández, actualmente detenido en Chile, asegurando que este podría concretarse en un plazo relativamente breve.
«Esta extradición podría tardarse algunos meses nada más, por los antecedentes previos que tenemos con Colombia», indicó Cordero, destacando la colaboración entre ambos países en materia judicial y de seguridad.
El antisocial prófugo fue encontrado y capturado el viernes 15 en la ciudad de Barrancabermeja, en Colombia, y en las últimas horas se estuvo verificando la identidad del sujeto.
La información preliminar fue entregada por Carabineros de Chile, que detalló en un comunicado que “a raíz de diligencias realizadas por parte del Departamento OS9 en coordinación con la Policía de Investigaciones e Interpol de la Policía Nacional de Colombia, a través de nuestro agregado policial en ese país, se logró la detención de Alberto Carlos Mejía Hernández, sujeto que huyó del país y que se encuentra vinculado en el homicidio del Rey de Meiggs”.
El imputado había quedado en libertad por error desde la cárcel Santiago 1 el pasado 9 de julio, tras una confusión administrativa entre Gendarmería y el Ministerio Público. A raíz de ese error, Chile presentó una alerta internacional para encontrar al sicario prófugo.
Por el homicidio del comerciante ya están en prisión preventiva otros tres implicados, mientras que el empresario Wilson Verdugo Díaz fue formalizado como autor intelectual del crimen.
Proceso de extradición
La Fiscalía precisó que la detención de Mejía se realizó gracias a una notificación roja de Interpol, mecanismo que permite ubicar y retener a personas buscadas a nivel internacional. Sin embargo, esta no implica de inmediato una detención con fines de extradición, sino que abre un plazo de cinco días para que Chile formalice la solicitud a través de Cancillería.
En ese lapso, el Juzgado de Garantía deberá iniciar la tramitación del proceso y el fiscal acreditar los requisitos que permitan decretar medidas cautelares. Paralelamente, la Corte de Apelaciones, a petición del Ministerio Público o del querellante, podrá requerir al Estado colombiano la detención previa con fines de extradición, según lo establece el Código Procesal Penal.
La institución reiteró su compromiso con la persecución de delitos graves y la cooperación internacional en la lucha contra el crimen organizado.
