Presidenta de Perú desobedece a la Corte IDH y promulga ley de amnistía
La ONG Human Rights Watch (HRW) ha señalado que la ley, que otorga impunidad a quienes cometieron delitos graves durante el conflicto armado, "es simple y llanamente una traición a las víctimas" y ha sostenido que "nunca debió ser promulgado y debería ser derogada".
La presidenta de Perú, Dina Boluarte, ha promulgado este miércoles la ley de amnistía para policías, militares y grupos de autodefensa procesados por violaciones contra los Derechos Humanos durante el periodo de conflicto armado interno (1980-2000), desobedeciendo así a la Corte Internacional de Derechos Humanos.
«¡Con esta amnistía histórica Perú honra a sus defensores y rechaza con firmeza cualquier intromisión externa!», reza un comunicado de la Presidencia peruana en el que ha indicado que Boluarte ha afirmado que el país «no abandona a sus defensores y que jamás permitirá el sacrificio de quienes se enfrentaron a la violencia sea olvidado o castigado».
La ONG Human Rights Watch (HRW) ha señalado que la ley, que otorga impunidad a quienes cometieron delitos graves durante el conflicto armado, «es simple y llanamente una traición a las víctimas» y ha sostenido que «nunca debió ser promulgado y debería ser derogado».
«La ley socava décadas de esfuerzos que buscan garantizar la rendición de cuentas por las atrocidades cometidas y debilita aún más el Estado de derecho», ha dicho la directora para la División de las Américas de la ONG, Juanita Goebertus.
Asimismo, ha considerado que, con esta decisión, Perú «se une a Nicaragua, Venezuela y otros países que desafían el sistema interamericano de Derechos Humanos despreciando los derechos de las víctimas».
El Congreso aprobó el proyecto de ley a principios de julio y, tras ello, la Corte IDH ordenó a Perú que se abstuviera de implementarlo hasta que analizara la compatibilidad de la amnistía con órdenes emitidas anteriormente sobre la investigación de abusos cometidos durante el conflicto armado.
Según la Comisión Nacional de la Verdad y la Reconciliación, entre 1980 y 2000 murieron aproximadamente 70.000 personas y más de 20.000 fueron dadas por desaparecidas. Los tribunales peruanos han emitido sentencias definitivas en alrededor de 150 casos y más de 600 siguen pendientes.
