RN pide sanciones al PC por cita de Carmona con Fiscal Nacional en defensa de Jadue
Mediante un oficio al Servel se expuso como un atentado a la autonomía del Ministerio Público.
La bancada de diputados de Renovación Nacional, encabezada por Frank Sauerbaum (jefe) y Carla Morales (subjefa), ofició al Servicio Electoral (Servel) solicitando que se fiscalicen las actuaciones del presidente del Partido Comunista, Lautaro Carmona, por una eventual intervención indebida ante el Ministerio Público en el marco de la investigación penal contra Daniel Jadue.
Según detalla el requerimiento, Carmona solicitó una reunión con el Fiscal Nacional, Ángel Valencia, con el objetivo de manifestar preocupación por la causa que enfrenta Jadue por delitos de corrupción, a pesar de que ni él ni su partido son intervinientes en dicho proceso. La acción, señalan los diputados, “resulta totalmente inapropiada a la luz del rango de autonomía constitucional que posee el Ministerio Público”.
En el documento, la bancada recalca que la Fiscalía ya formuló acusación contra Jadue, solicitando penas que superan los 15 años de presidio por el caso de las “farmacias populares”. Además, el exalcalde actualmente cumple arresto domiciliario total y se encuentra a la espera de la audiencia de preparación de juicio oral programada para el 15 de septiembre.
Para los parlamentarios, el actuar de Carmona contraviene el mandato legal de los partidos políticos de respetar la institucionalidad democrática, e intentaría ejercer “una influencia ajena a sus funciones” sobre una institución autónoma como el Ministerio Público. Más aún —advierten— cuando su colectividad tiene presencia parlamentaria que incide en la designación de fiscales.
Por ello, la bancada solicitó al Servel evaluar si la conducta del presidente del PC vulnera la Ley N°18.603, que regula el actuar de los partidos políticos, o la Ley N°18.700 sobre votaciones populares y campañas electorales. En ambos casos, el organismo puede aplicar sanciones o multas tanto al partido como al propio candidato.
“Lo ocurrido es grave y no puede pasar inadvertido en medio de un proceso electoral donde se juega la legitimidad del Estado de Derecho y la autonomía de nuestras instituciones”, concluyeron.
