Sichel firma alianza con Uber para adultos mayores, aunque la app no está autorizada por el Estado y el propio municipio prohíbe su uso

El alcalde de Ñuñoa celebró en junio un convenio con Uber para trasladar adultos mayores en Ñuñoa, pese a que la plataforma no está regulada legalmente en Chile y la municipalidad reconoce, en respuesta oficial, que no puede destinar recursos públicos a este tipo de servicios "informales".

La Municipalidad de Ñuñoa, encabezada por Sebastián Sichel, oficializó en junio un acuerdo con la empresa Uber para facilitar el traslado de adultos mayores mediante su nueva modalidad “Uber Seniors”.

El lanzamiento se realizó en el Club de Personas Mayores Renacer, con participación del gerente general de Uber Chile, Federico Prada, quien junto a Sichel presentó dos nuevas funciones de la app: Uber Seniors y Modo Simple, diseñadas especialmente para personas de la tercera edad.

“Este lanzamiento refleja lo que necesitamos construir: alianzas donde lo público, lo privado y la comunidad trabajen juntos con un objetivo común”, afirmó el alcalde Sichel durante la actividad, agregando que con esta iniciativa “ponemos a las personas mayores en el centro”.

Alcalde Sichel se refiere al convenio con Uber 

No obstante, y más allá de las buenas intenciones, el acuerdo se instala en una zona legal altamente cuestionable. Según documentación oficial obtenida por este medio vía Ley de Transparencia (solicitud N° MU186T0006982), la propia Municipalidad de Ñuñoa reconoce que no se han autorizado fondos municipales para el uso de Uber, Didi ni otras aplicaciones similares, dado que estos servicios no están regularizados por el Ministerio de Transportes. La prohibición está respaldada por la Contraloría General de la República y por el artículo 13 del Decreto Alcaldicio N°653.

Más aún, la respuesta del municipio deja claro que los inspectores municipales no fiscalizan ni incautan vehículos de Uber: solo actúan como apoyo en operativos dirigidos por el Ministerio de Transportes. Es decir, la comuna no tiene competencias para controlar ni validar este tipo de transporte, lo que hace aún más delicado cualquier convenio que implique su uso con apoyo institucional.

El anuncio del programa Uber Seniors coincide con el despliegue de nuevas funciones en Chile, uno de los primeros países a nivel global en implementarlas. Entre las características destacadas están una interfaz simplificada, destinos frecuentes predefinidos, métodos de pago flexibles y monitoreo remoto del viaje por parte de familiares o cuidadores. También se lanzó “Modo Simple”, una experiencia de uso con texto más grande y navegación más clara, útil no solo para adultos mayores sino para cualquier persona que prefiera una app menos compleja.

Estas innovaciones buscan dar respuesta a las necesidades de una población cada vez más envejecida, pero la falta de regulación del servicio sigue siendo un problema no resuelto. Pese a que Uber opera ampliamente en el país, su estatus legal sigue siendo informal. La ley que busca regular estas plataformas lleva años entrampada en el Congreso, lo que mantiene a conductores, usuarios e instituciones en un limbo jurídico.

Distintos expertos consultados advierten que la municipalidad de Ñuñoa podría estar incurriendo en una falta al principio de legalidad y probidad al promover un servicio que, por normativa vigente, no puede ser financiado ni utilizado oficialmente por funcionarios municipales.

Así, la paradoja se instala: mientras el alcalde celebra un acuerdo con Uber para adultos mayores, su propio municipio prohíbe a sus funcionarios usar la app y reconoce que no puede destinar recursos a su contratación. Una contradicción que podría escalar si Contraloría toma cartas en el asunto.

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