Universidad La República al borde de la quiebra: debe más de $650 millones a extrabajadores y nombran liquidador judicial
Tres tribunales civiles han autorizado avanzar en la liquidación forzada de la institución, que arrastra una profunda crisis financiera desde hace años, informó hoy Radio Bío Bío.
La Universidad La República (ULARE), fundada en 1988 y vinculada históricamente a la masonería, enfrenta una de sus peores crisis. Tres juzgados civiles de Santiago autorizaron el inicio de procesos de liquidación forzada debido a deudas laborales que superan los $650 millones, lo que pone a la institución al borde de la quiebra, según informó este domingo Radio Bío Bío.
En uno de los casos más avanzados, el 19º Juzgado Civil de Santiago nombró al liquidador Raúl Cornejo Mendoza, tras la demanda presentada por dos extrabajadores: Macarena Mellico y Paulino De La Campa, quienes exigen más de $92 millones por conceptos de remuneraciones impagas, indemnizaciones, feriados y cotizaciones previsionales.
Pero no es el único proceso. Otros dos juicios civiles —uno en el 15º y otro en el 29º Juzgado Civil de Santiago— implican a seis exfuncionarios que reclaman un total de $557 millones adicionales. Todos los trabajadores afectados son representados por el abogado Pedro Eguiguren, quien señaló a Radio Bío Bío que apenas se dicte la resolución de liquidación en el primer tribunal, los otros juicios se acoplarán al mismo proceso.
Crisis arrastrada y posibles salvatajes
La ULARE ya había estado en la mira de las autoridades. En 2019, la Superintendencia de Educación detectó una serie de irregularidades que incluyeron morosidad comercial, protestos impagos y una caída sostenida en la matrícula. Esto llevó al Consejo Nacional de Educación a revocar su reconocimiento oficial en 2020, aunque la medida fue suspendida por la Corte Suprema en 2022 tras un recurso de queja.
Actualmente, la universidad cuenta con 830 alumnos, de los cuales 284 esperan titularse, y no ha abierto admisión desde 2021. Según explicó su rector, Fernando Lagos, la decisión de no recibir nuevos estudiantes se tomó para esperar el ingreso de un nuevo socio financiero.
“Esperamos que la semana del 11 de agosto el socio financiero pueda ingresar los recursos comprometidos”, dijo Lagos a Radio Bío Bío, responsabilizando a la anterior administración por las deudas acumuladas. Afirmó que en los últimos cuatro años se titularon más de 2.700 estudiantes, y aseguró que “jamás se ha dejado de prestar el servicio educacional”.
El rector evitó entregar detalles sobre la identidad del inversionista, aunque indicó que pasará a ser el nuevo controlador de la universidad si se concreta el traspaso de fondos. También anunció que presentarán un plan de mejora ante el Consejo Nacional de Educación, con la esperanza de retomar la admisión de estudiantes en el corto plazo.
Mientras tanto, la Superintendencia de Educación solicitó los registros académicos de la universidad para resguardar los antecedentes de los alumnos ante un eventual cierre definitivo.
