Asociaciones de abogados y periodistas de Argentina denuncian intentos de censura
Las asociaciones de abogados de la capital argentina aseguraron que la disposición cautelar que impide la divulgación de las grabaciones realizadas a la hermana del mandatario, Javier Milei, constituyen "un claro intento de censura previa abolida por la Constitución nacional (…) e incompatible con el art. 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos".
Tres colegios de abogados de Buenos Aires y dos asociaciones de periodistas en Argentina cuestionaron a un juez que en la víspera prohibió la difusión de audios atribuidos a la hermana del presidente y secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, al asegurar que se trata de un acto de censura previa.
«No a la censura», señalaron en una declaración conjunta este martes el Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal, el Colegio de Abogados de la ciudad de Buenos Aires y la Asociación de Abogados de Buenos Aires.
El Foro de Periodismo Argentino (Fopea) y la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (Adepa) también expresaron su rechazo a la medida cautelar del titular del Juzgado Federal en lo Civil y Comercial n° 5 de Buenos Aires, Alejandro Maraniello.
Las asociaciones de abogados de la capital argentina aseguraron que la disposición cautelar que impide la divulgación de las grabaciones realizadas a la hermana del mandatario, Javier Milei, constituyen «un claro intento de censura previa abolida por la Constitución nacional (…) e incompatible con el art. 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos».
«La Corte Suprema de Justicia de la Nación sostuvo de manera constante que la libertad de expresión ocupa un lugar preferente en el sistema republicano y que toda limitación debe ser de interpretación restrictiva», postularon en su escrito.
A través de un fallo emitido el lunes, el juez Maraniello concedió la medida cautelar con la que prohibió la difusión de los audios, en respuesta a una solicitud del Gobierno, que adujo que las grabaciones habían sido realizadas en la Casa Rosada, sede del Ejecutivo.
En esas grabaciones, se oye a Karina Mieli reclamando «unidad» dentro del partido oficialista, La Libertad Avanza (ultraderecha).
Los colegios de abogados de Buenos Aires señalaron que la libertad de expresión debe proteger el derecho individual a emitir ideas, pero también el derecho colectivo a recibir información sobre asuntos de interés público.
Bajo esta consideración, las asociaciones de letrados reconocieron el papel esencial del periodismo, recordaron que hay vías a disposición para resguardar derechos como el honor, la intimidad o la seguridad nacional, y advirtió que era «inadmisible cualquier intento de silenciar o controlar preventivamente la información, pues ello priva a la sociedad del derecho a ser informada».
Además de coincidir en que el fallo judicial es un acto de censura previa, Fopea advirtió sobre la «gravedad institucional» que representaba el pedido del Ministerio de Seguridad de realizar allanamientos a un canal de transmisión en directo, Carnaval, y a la casa de diversos periodistas por la difusión de los audios vinculados a la secretaria General de la Presidencia.
«Karina Milei es una funcionaria de alto rango y los actos que realice dentro de un edificio público, como la Casa Rosada, salen de la esfera privada», señaló en un escrito en el que también alertó por el riesgo de que los allanamientos se transformasen en un acto intimidatorio.
Como entidad representativa de todos los medios de comunicación del país, Adepa consideró que el fallo del juez Marianello «es un nuevo ejemplo de esas órdenes estatales que limitan de modo ilegítimo las libertades de expresión y de prensa».
«Las prohibiciones preventivas (…) son contrarias al artículo 14 de la Constitución nacional y afectan el derecho de la ciudadanía a informarse y conocer hechos de relevancia pública que pueden -o no- influir en la formación de la opinión pública», refirió.
El juez Maraniello, que aspira a ser camarista, también ha sido cuestionado en las últimas horas por acumular varias denuncias que investiga el Consejo de la Magistratura, órgano encargado de sancionar y remover a magistrados, por abuso de poder, acoso laboral y sexual, maltrato a empleados, uso indebido de recursos públicos e incumplimiento del reglamento de la justicia nacional.
Los audios atribuidos a Karina fueron divulgados el viernes, en medio del escándalo que provocaron otros audios atribuidos al exdirector de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo, en los que éste describe una supuesta red de sobornos dirigida por la hermana del presidente.
