Cámara de Diputados es sumisa al poder económico

La corrupción existe en todos los países del mundo porque el ser humano, con contadas excepciones, tiende a sacar ventajas que perjudican al resto, lo que se observa claramente en el sistema de libre mercado, donde los grandes vía presiones indebidas se engullen a los chicos. En algunos países, en las pocas ocasiones que la lacra de la corrupción se detecta, los delincuentes son sancionados con la pena de muerte, en otros países con onerosas multas y sanciones de cárceles y en Chile con clases de ética y en los casos más graves, con penas remitidas, para que los malandrines cumplan sus condenas cómodamente en sus hogares viendo programas de farándula en la televisión.

Hablando de esta perversión que genera en las sociedades tanta injusticia, vale la pena destacar en este opúsculo lo que ha sucedido con los hermanos Javier y Karina Milei, ambos gobernantes en Argentina, ya que asumieron la primera magistratura con un discurso anti casta, expresando el primero, que su tarea era terminar con los robos en las administraciones kirchneristas. El bocón y chascón Javier, engatusando a la opinión pública de ese país, se ha caracterizado por ser un redomado pillo que utiliza a su hermana para que recaude los fondos mal habidos en distintos episodios que la Justicia está investigando. La rubia Karina es conocida como «la cajera», por la función contable que desempeña.

En el último escandaloso caso conocido en dicho país, en el cual el abogado personal de Milei, Diego Spagnuolo, por lo tanto su persona de confianza, le comunicaba, según grabaciones de audios, a otros altos funcionarios del poder ejecutivo del partido político La Libertad Avanza, que Karina era receptora de cuantiosos fondos de sobornos, por transacciones comerciales entre la oficina pública que aquel dirigía, con la Droguería Suizo Argentina, lo que ha sido profusamente cubierto por la prensa transandina, cuyos periodistas, como es sabido, no tienen pelos en la lengua. Milei ofuscado por ese trascendido no desmentido, en lugar de investigar internamente el deshonesto hecho, le exigió la denuncia al denunciante, culpando a la oposición política de querer perjudicarlo, pues en provincia de Buenos Aires el próximo 7 de septiembre hay elecciones.

Pues bien, asociado al título de esta columna y también relacionado con la inveterada corrupción que perjudica preferentemente a los no apitutados, este columnista desde hace muchos años está revelando arreglines en la administración del Estado para mantener vigentes prácticas indebidas en el ámbito del territorio y por ello, sucintamente acreditamos nuestra acusación.

En el año 2019, algunos diputados, entre los cuales estaba Maya Fernández, posteriormente ministra de Defensa, presentaron un proyecto de ley que busca regular el uso de los inmuebles y terrenos fiscales considerados Patrimonio de Afectación Fiscal (PAF), los que fueron cedidos por el Estado de manera gratuita a los servicios de Bienestar de las Fuerzas Armadas (FFAA), Carabineros y de la Policía de Investigaciones (PDI pues, a través de antiguas e injustificadas disposiciones, muchos de esos bienes públicos se están utilizando para fines comerciales.

Dichos diputados dieron algunos ejemplos de ocasiones en que el Comando de Bienestar del Ejército y de las otras ramas de las FFAA, venden en el mercado inmobiliario, después de enajenarlos de su condición de PAF, en varios millones de dólares terrenos que años atrás habían sido asignados por el Ministerio de Bienes Nacionales a ellas para sus propias necesidades profesionales. El sólido argumento de esos diputados era que «se pretende velar por el buen uso de terrenos que fueron cedidos gratuitamente para fines específicos de dichas instituciones y no para su venta». Con grandilocuencia también manifestaban que «Bienes Nacionales debía hacer un catastro completo para que sean conocidos públicamente todos los inmuebles que han sido destinados a fines privados, pues esto debe terminar” (sic). Los lectores deben saber que el mentado catastro nunca se conoció y que el proyecto de ley no prosperó, lo que significa que las FFAA seguirán lucrando.

Otra situación corrupta impune se produce con los negocios inmobiliarios que ejecutan, a vista y paciencia de nuestra fláccida institucionalidad, los corredores de propiedades que venden terrenos rurales de 5.000 m2 para fines de condominios de viviendas, lo que está expresamente prohibido en el Decreto Ley 3.516 de 1980 y en el artículo 55° de la Ley General de Urbanismo y Construcciones (LGUC). Todos los gobiernos han admitido esta descarada práctica y como la actual administración de Boric ha tomado el toro por las astas, al presentar un proyecto de ley para regularizar el uso de los territorios rurales, proyecto que también está paralizado en la Cámara de Diputados, el 25 de agosto de 2025 le representamos esta situación al Minvu. En la audiencia fuimos recibidos por Gabriela Elgueta, en su calidad de subsecretaria de ese ministerio y por Vicente Burgos, jefe de la División de Desarrollo Urbano del mismo (Ver).

Por lo relatado se evidencia que los diputados privilegian las actividades mercantiles de las FFAA, dejándose en claro que, para proteger nuestra soberanía, el Estado debe entregar el financiamiento necesario, tanto a las instituciones militares como de seguridad, y que, además, no desean asumir sus roles para que el territorio rural del país cuente con una regulación apropiada que garantice el bien público, tal como se refleja en el Ordinario N° 637 de julio de 2022 del ministerio de Agricultura, acto administrativo que no siempre es acatado. En ambos casos los perezosos diputados optaron por escuchar solo a los lobbystas de turno para que todo siga igual, vale decir, que continúe primando el interés privado de los especuladores.

¿Será posible que alguno de los 8 candidatos presidenciales se atreva a opinar sobre esta inicua situación? Si todos ellos enmudecen quiere decir que la Derecha y la Izquierda unida, jamás será vencida.