La Fiscalía de Alta Complejidad de Antofagasta solicitó el desafuero del gobernador regional Metropolitano, Claudio Orrego, por su presunta participación en el caso ProCultura.
Según la investigación, Orrego habría cometido los delitos de fraude al Fisco, usurpación de funciones y malversación por aplicación pública diferente, al favorecer a la fundación liderada por el siquiatra Alberto Larraín, pese a que la organización no contaba con la idoneidad necesaria para ejecutar un programa de prevención del suicidio.
Abuso de cargo y vínculos previos
Según la investigación de La Tercera, en la solicitud de desafuero de 75 páginas la Fiscalía detalla que Orrego habría abusado de su cargo para agilizar un convenio millonario, transfiriendo $1.690.388.000 de pesos a ProCultura. La investigación pone especial énfasis en los vínculos previos entre Orrego y Larraín, que incluyen colaboración durante su alcaldía, militancia en la DC y apoyo en su postulación a La Moneda.
El escrito también menciona que Orrego habría recibido incluso una licencia médica falsa por parte del siquiatra, para ausentarse de sus funciones públicas.
La Fiscalía destaca un hecho particular: seis días antes de la aprobación administrativa del convenio, Orrego contactó directamente al entonces Contralor General, Jorge Bermúdez Soto, a través de mensajes de WhatsApp entre su colaboradora Evelyn Magdaleno y María Teresa Abusleme, directora de ProCultura.
“Supiste algo de Contraloría??”, pregunta Abusleme, a lo que responde Magdaleno responde: “Nada aún. Estoy en Conce ahora. Seguiré insistiendo desde acá”, para posteriormente revelar esta información, escribiendo: “Pero el gobernador ha llamado hasta al contralor”.
Según los fiscales, esta comunicación buscaba “acelerar indebidamente el proceso administrativo y asegurar la liberación de los recursos públicos”, generando un trato privilegiado hacia la fundación pese a su falta de capacidad técnica.
Infracciones señaladas
La investigación de la Fiscalía de Antofagasta indica que Orrego habría incurrido en al menos nueve infracciones administrativas, las cuales incluyen: violación del principio de probidad, la preeminencia del interés general, la imparcialidad, la eficiencia y transparencia, así como la ausencia de control interno y de administración adecuada de recursos del GOREM.
El pleno de la Corte de Apelaciones de Antofagasta ya fijó una audiencia para inicios de octubre, en la que se discutirá el desafuero de Orrego. La aprobación del tribunal será clave para que la Fiscalía pueda formalizar la investigación y solicitar medidas cautelares contra el gobernador.
