Congreso argentino rechaza veto de Milei a declarar emergencia en discapacidad

 El Senado argentino revirtió por 63 votos a favor y 7 en contra un veto del presidente, Javier Milei, a una ley que declara la emergencia en discapacidad hasta finales de 2026, en sintonía con la misma decisión que tomó la Cámara de Diputados en agosto.

Así, el Congreso tumba el veto de un jefe de Estado por primera vez en 22 años.

«Resultando aprobado el expediente (…) por dos tercios de los votos (…) este honorable Senado resuelve insistir en la sanción original del proyecto», informó durante la histórica sesión el presidente provisional de la Cámara Alta, Bartolomé Abdala, en reemplazo de la vicepresidenta, Victoria Villarruel, que ejerce como mandataria del país ante un viaje de Milei a EEUU.

Con el apoyo de más de dos tercios de los legisladores, el Senado siguió la línea de la Cámara de Diputados, que ya había avalado el 20 de agosto la continuidad de la norma con 172 votos afirmativos, 73 negativos y dos abstenciones, y logró insistir en su vigencia.

Mientras el mandatario se encuentra en Los Ángeles para reunirse con el multimillonario Michael Milken, conocido como el «rey de los bonos basura», el debate en la Cámara Alta estuvo marcado por los reproches de la oposición al oficialismo sobre la presunta red de sobornos a través de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) que revelaron una serie de grabaciones a funcionarios del Gobierno, y que involucrarían a la hermana del presidente y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

La normativa sancionada por el Senado el 10 de julio que logró imponerse sobre el veto presidencial declara la emergencia en discapacidad hasta el 31 de diciembre de 2026, en un país que no actualiza su presupuesto, pese a la inflación acumulada, desde 2023, cuando asumió la actual gestión.

La ley que el presidente intentó tumbar sin éxito contempla la regularización de pagos y actualización de aranceles de los prestadores de servicios y el fortalecimiento de la Andis, en atención a un colectivo que organizó movilizaciones en las últimas semanas para denunciar su situación.

La normativa, aprobada por la Cámara de Diputados el 4 de junio, también prevé el financiamiento sostenible de las pensiones no contributivas por discapacidad, la apertura de nuevos ingresos al Régimen Federal de Empleo Protegido para Personas con Discapacidad y la careció de canales institucionales de diálogo con las asociaciones vinculadas a discapacidad.

Milei vetó la ley a principios de agosto argumentando que incidía negativamente en el equilibrio fiscal, una de sus prioridades de gestión.

Al estimar el impacto de esta ley con una vigencia que originalmente se planteó hasta diciembre de 2027, la Oficina de Presupuesto del Congreso calculó que tendría un costo fiscal de entre el 0,2 por ciento y el 0,4 por ciento del producto interior bruto (PIB), y que el número de beneficiarios por nuevas altas oscilaría entre las 493.000 y 946.000 personas.

De este modo, el Congreso dejó sin efecto por primera vez un veto del actual jefe de Estado y marcó un precedente que no se producía desde 2003, durante el Gobierno de transición de Eduardo Duhalde (2003-2007), cuando el parlamento insistió en una ley que reducía los aranceles para la importación del azúcar.

Durante la sesión de este jueves, la oposición logró que se discuta también la modificación del Régimen Legal de los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) vigente desde 2006, a fin de contrarrestar el poder de veto del Poder Ejecutivo.

De prosperar esta iniciativa, cada DNU debería abarcar un solo tema y no podría incluir disposiciones heterogéneas; el parlamento tendría un plazo de 90 días para pronunciarse sobre los decretos, bajo la consideración de que en caso contrario, queden rechazados de forma automática.

Además, solo se necesitaría el rechazo de una de las dos cámaras del Congreso para que caiga la prohibición presidencial.

El jefe de Estado ha logrado imponer su veto en otras cinco normativas sancionadas por el Congreso: dos que aumentaban las jubilaciones, otra que incrementaba el presupuesto universitario, una cuarta que declaró la emergencia en un municipio bonaerense afectado por inundaciones, y otra que instauraba una moratoria previsional que le permitía jubilarse a personas que no reúnen los 30 años de aportes requeridos.

Con un total de seis prohibiciones a leyes sancionadas por el Congreso, Milei ha impuesto más vetos totales que la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner (2007-2015) durante sus dos mandatos (dos en total) o que el exmandatario Mauricio Macri (2015-2019), con cinco registros.

La actual gestión debe asumir el revés en el Congreso a cuatro días de las elecciones locales en la mayor jurisdicción del país, Buenos Aires (este), y a menos de dos meses de los comicios parlamentarios nacionales de medio término que permitirán renovar la mitad de los escaños de la Cámara de Diputados y un tercio de los del Senado.