
Congreso de Perú cita a primer ministro y ministro de Justicia por presunta corrupción
"Desde la Comisión de Fiscalización estamos citando a los ministros Juan José Santiváñez (ministro de Justicia) y Eduardo Arana (primer ministro) a una sesión extraordinaria este 17 de septiembre. Deberán explicar los audios difundidos que los vincularían con un presunto favorecimiento a integrantes de la organización criminal Los Pulpos", anunció la instancia a través de su cuenta en la red social X.
La Comisión de Fiscalización del Congreso de Perú citó para el miércoles al primer ministro, Eduardo Arana, y al ministro de Justicia, Juan José Santiváñez, para que den explicaciones sobre un escándalo que los involucraría en un presunto tráfico de influencias en favor de un criminal encarcelado.
«Desde la Comisión de Fiscalización estamos citando a los ministros Juan José Santiváñez (ministro de Justicia) y Eduardo Arana (primer ministro) a una sesión extraordinaria este 17 de septiembre. Deberán explicar los audios difundidos que los vincularían con un presunto favorecimiento a integrantes de la organización criminal Los Pulpos», anunció la instancia a través de su cuenta en la red social X.
En la víspera, el programa periodístico Panorama, emitido por la televisora local Panamericana, difundió una investigación en la que publicó un presunto audio entre Arana y Santiváñez.
El audio data de septiembre de 2024, cuando Arana ejercía como ministro de Justicia y Santiváñez era ministro del Interior.
En el audio se escucha a Santiváñez pedirle a Arana el traslado a otro penal del reo Miguel Marcelo Salirrosas, alias «El Diablo», expolicía acusado de integrar la organización criminal Los Pulpos, una mafia dedicada a la extorsión, el sicariato, el secuestro y el robo, y que opera en el departamento de La Libertad (norte).
Presuntamente, Santiváñez, quien es abogado, estaba pidiendo a Arana que traslade a un penal más cómodo a Salirrosas, quien en ese entonces era su cliente.
Este martes, Santiváñez ha afirmado que los audios difundidos «no acreditan ninguna conducta criminal» y que habrían sido sacados de contexto por la prensa.
El Gobierno no se ha manifestado sobre los hechos.