La Fiscalía Regional de Coquimbo, encabezada por el persecutor Patricio Cooper, solicitó el sobreseimiento definitivo del Presidente Gabriel Boric en la investigación por la contratación de un abogado con fondos públicos para su defensa en el caso de la fallida compra de la casa del expresidente Salvador Allende, .
Según investigó BioBioChile, en enero la Presidencia contrató vía trato directo al abogado Jonatan Valenzuela Saldías por un monto de 350 UF (cerca de $13,8 millones), con el objetivo de que representara al Mandatario en la causa donde se indaga un presunto fraude al fisco.
El trasfondo del caso
La querella original fue presentada por la Fundación Fuerza Ciudadana. Tras conocerse la contratación de Valenzuela, su abogado representante, Raimundo Palamara, interpuso una nueva acción penal por presunta malversación de caudales públicos.
Según Palamara, la normativa solo autoriza el uso de fondos fiscales para defensas vinculadas a actuaciones legítimas dentro de las funciones del cargo, lo que —a su juicio— no aplicaba en este caso. “El contrato de compraventa (…) se realizó al margen de la Constitución y las leyes, por lo que corresponde a una actuación ilegítima”, argumentó.
La investigación sobre la compra de la casa del expresidente Allende se abrió en enero y hasta ahora no registra formalizaciones. En esa indagatoria, Boric ya declaró como imputado el 28 de marzo en La Moneda ante el fiscal Cooper.
Además del Mandatario, el caso involucra a la exministra de Defensa Maya Fernández, la exsenadora Isabel Allende, la exministra Marcela Sandoval, funcionarios de Bienes Nacionales y directivos de la Fundación Allende.
El fiscal adjunto Ricardo Soto, de la Unidad de Análisis Criminal y Focos Investigativos, solicitó al Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago fijar una audiencia de sobreseimiento definitivo. El tribunal agendó la sesión para el viernes 14 de noviembre a las 09:00 horas en el Centro de Justicia.
Reacción de Palamara
El abogado Palamara manifestó su oposición a la medida, asegurando que sería contraria al Código Procesal Penal, ya que la investigación no está formalizada. Según el propio medio, afirmó que la decisión de fiscalía es una “buena noticia para los políticos corruptos”.
“Si Gabriel Boric no tenía dinero para pagar su defensa a fin de justificar la venta de la casa a quien era su ministra y a la exsenadora, debía recurrir a la Defensoría Penal Pública y no seguir abusando de su posición”, añadió.
Por su parte, el abogado Valenzuela indicó que por ahora no tenía antecedentes que entregar.
