Gobierno de Milei inicia privatización de empresa que gestiona rutas nacionales
A casi siete meses del decreto que habilitó la privatización de la empresa, el Gobierno del presidente Javier Milei estableció un plazo de doce meses para concesionar los tramos de la red vial como paso previo a la disolución y liquidación de la firma, que administra unos 5.890 kilómetros de carreteras.
El Gobierno argentino comenzó el proceso de privatización de Corredores Viales, una empresa estatal que gestiona casi 6.000 kilómetros de autovías y autopistas nacionales en 13 de las 24 jurisdicciones del país, a través de un decreto publicado en el Boletín Oficial.
«Iníciase el proceso de privatización de Corredores Viales SA en los términos del decreto 97 del 14 de febrero de 2025», señala el Ministerio de Economía en la resolución 1284 publicada este lunes en el Boletín Oficial.
A casi siete meses del decreto que habilitó la privatización de la empresa, el Gobierno del presidente Javier Milei estableció un plazo de doce meses para concesionar los tramos de la red vial como paso previo a la disolución y liquidación de la firma, que administra unos 5.890 kilómetros de carreteras.
Corredores Viales gestiona la infraestructura y el tránsito de las carreteras, autopistas y autovías concesionadas, y tiene a su cargo diez tramos viales en todo el territorio.
El Gobierno de Milei, que desde que asumió en diciembre de 2023 paralizó toda inversión pública en infraestructura, prioriza la privatización de empresas bajo control del Estado para reducir su estructura y el gasto público.
La sanción, en junio de 2024, de la Ley Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, uno de los principales proyectos del Ejecutivo para desregular la economía, habilitó la privatización de Corredores Viales y de otras siete compañías públicas.
El 19 de agosto, el Ministerio de Economía ordenó en este sentido el inicio del proceso de privatización de la compañía estatal Agua y Saneamientos Argentinos (Aysa) con la venta del 90 por ciento de las acciones de esa firma en un plazo de ocho meses.
En enero, la actual administración concretó la primera privatización de una empresa controlada por el Estado: la siderúrgica Impsa, creada hace 118 años, cuyas acciones fueron adjudicadas en forma mayoritaria a un consorcio de capitales estadounidenses.
El Gobierno también privatizó Energía Argentina (Enarsa), una compañía que cubre toda la cadena de valor vinculada con los hidrocarburos, e Intercargo, el servicio de rampas que se brinda en los aeropuertos.
