
Megatoma San Antonio: Mesa técnica no logra acuerdo por compraventa de terreno y dueños solicitarán desalojo
Dentro de los argumentos que expuso la inmobiliaria figura que no hay información fidedigna de quiénes serían los compradores y no se han presentado antecedentes sobre cuál será la fuente de financiamiento.
Hoy finalizó la fecha límite de la mesa técnica por la megatoma de San Antonio entre la Inmobiliaria San Antonio, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, la subsecretaria del Interior, además del municipio de San Antonio.
Así, se informó que se no logró un acuerdo por la compraventa del terreno, por lo que la parte representante de la inmobiliaria procederá a solicitar que se cumpla el desalojo de más de 10 mil personas, ordenado por la Corte de Valparaíso.
A través de un comunicado, la inmobiliaria manifestó: “Hemos dado por terminada nuestra participación en dicha mesa técnica, tras haberse agotado tanto el plazo de seis meses que se estableció para llegar a acuerdos, así como su extensión hasta hoy, que se acordó el 27 de agosto”.
“Esta decisión se adopta considerando que no hay información fidedigna de quiénes serían los compradores, que no existen condiciones para la compra en un solo acto, que no se han presentado antecedentes sobre cuál será la fuente de financiamiento, ni cuál será la garantía financiera para esta operación”, argumentaron.
En esa línea, aseveraron que, con el objeto de alcanzar un acuerdo, redujeron el precio del metro cuadrado en varias ocasiones, “accediendo finalmente al valor propuesto por el Minvu, que está muy por debajo del valor comercial”, sin obtener respuesta de las demás variables.
“En los próximos días se procederá a solicitar el cúmplase definitivo de la orden judicial de desalojo. Lamentamos, una vez más, el abandono estatal, ya que llevamos seis años intentando por diversos medios recuperar nuestro terreno, o en su defecto, llegar a un acuerdo que nos permita recuperar en parte nuestro patrimonio usurpado”, cierra el texto.
Así las cosas, la mesa técnica que se había consolidado entre el Estado y la empresa con la intención de realizar la compraventa de los terrenos, terminó sin resultados luego de más de 6 meses de intentos por un trato.