La Comisión Europea ha anunciado este viernes una multa de 2.950 millones de euros al gigante tecnológico estadounidense Google por prácticas abusivas al menos desde 2014 y hasta la fecha en el sector de la tecnología publicitaria (adtech), por ejemplo por favorecer a sus propios servicios en detrimento de otros proveedores de la competencia que también dan servicio a anunciantes y editores ‘online’.
La decisión, que se esperaba desde hace días, pero se especuló con que fue aplazada por las tensiones comerciales entre Bruselas y Washington, implica que Google debe poner fin de inmediato a estas prácticas contra la competencia y, al mismo tiempo, tomar medidas para evitar conflictos de intereses inherentes a lo largo de la cadena de suministro.
Tras el anuncio de la sanción, la segunda mayor en la historia de Bruselas en un caso de competencia, Google tiene ahora 60 días para informar al Ejecutivo comunitario sobre cómo piensa proceder al respecto y entonces los servicios comunitarios evaluarán si las medidas de corrección son suficientes.
Aunque Bruselas esperará a conocer las soluciones que la tecnológica estadounidense pone sobra la mesa, ya apunta que cree que sólo la desinversión de Google en parte de sus servicios «abordaría» los problemas señalados.
El caso se remonta cuatro años atrás, cuando la Comisión Europea anunció el inicio de una investigación en profundidad ante la sospecha de prácticas ilegales por parte de la tecnológica.
«La decisión de este viernes muestra que Google abusó de su posición dominante en la publicidad digital, perjudicando a editores, anunciantes y consumidores. Es un comportamiento ilegal de acuerdo a las normas antimonopolio de la UE», ha zanjado la vicepresidenta de la Comisión Europea responsable de Competencia, Teresa Ribera, en un comunicado remitido tras conocerse la multa.
Ribera también ha advertido de que «Google debe ahora presentar una solución seria para abordar sus conflictos de interés» y que, de no hacerlo, la Comisión «no dudará en imponer fuertes medidas».
«Los mercados digitales existen para servir a la gente y deben basarse en la confianza y la equidad. Y cuando los mercados fallan, las instituciones públicas deben actuar para prevenir que los actores dominantes abusen de su poder», ha añadido.
Al inicio de la investigación, el Ejecutivo recordó que muchos editores se apoyan en la publicidad ‘online’ mostrada en sus sitios para financiar contenidos gratuitos a los internautas y que sólo en la UE en 2019 se destinaron 20.000 millones a la publicidad ‘online’.
En este contexto, Google ofrece varios servicios de tecnología publicitaria que sirven de intermediarios entre los anunciantes y los editores para colocar los anuncios en sus páginas web o en aplicaciones móviles.
Por ello, el Ejecutivo comunitario examinó prácticas como la obligación que impone Google de utilizar los servicios DV360 o de Google Ads para comprar espacios publicitarios en la plataforma de YouTube o la herramienta Google Ad manager para colocar anuncios en el mismo canal.
Otro ejemplo de las prácticas que no gustaron a Bruselas es la aparente ventaja que se daba a Ad Exchange, propiedad de Google, o las restricciones que impone Google a competidores en el acceso a datos con interés publicitario sobre el comportamiento de los usuarios.
