Oposición oficia a Contraloría y CDE por millonaria compra del Serviu de terreno en zona no apta

Diputados de bancadas opositoras encabezados por Frank Sauerbaum y Carla Morales, solicitaron a la Contralora General, Dorothy Pérez, un pronunciamiento respecto de la legalidad en la adquisición de un terreno por parte del SERVIU Metropolitano en la comuna de Quilicura.

En el escrito también suscriben los jefes de bancada Roberto Arroyo (PSC), Henry Leal (UDI), Cristián Labbé (PNL) y Francisco Undurraga y Jorge Guzmán (Evópoli).

Los personeros de oposición buscan que se indague en la presunta ilegalidad de la compra y en potenciales faltas a la probidad administrativa.

El oficio se genera tras un reportaje periodístico que reveló el emplazamiento de varios proyectos habitacionales en la comuna de Quilicura que “habrían sido aprobadas sobre la base de una norma urbanística (…) cuestionada y rectificada, afectando en conjunto a centenares de viviendas y a familias beneficiarias que ya habían reunido sus ahorros y obtenido los subsidios”.

Detallan que incluso la alcaldesa ofició al Ministerio de Vivienda “advirtiendo posibles irregularidades en la adquisición de un terreno destinado a viviendas sociales”. Precisan que los antecedentes que fueron remitidos en su oportunidad, indica que el predio fue transferido entre privados por un valor de 28.730 UF “y, a los pocos días, adquirido por el Serviu Metropolitano por cerca de 117.092 UF”. Esta situación habría originado una investigación y la apertura de un sumario administrativo.

Sumado a eso, se conoció que la Municipalidad de Quilicura dejó entrever la existencia de inconsistencias en documentación que habría permitido activar proyectos inmobiliarios en un sector que no correspondía a “área urbana”. Por ello y tras indagatorias de la Seremi “el Minvu resolvió retrotraer la modificación del Plan Regulador Metropolitano de Santiago aprobada en 2019, restituyendo la condición de zona no urbanizable en parte del territorio donde se estaban promoviendo estas iniciativas”.

Esta acción incidió sobre un condominio en construcción que “no puede continuar con su desarrollo bajo la normativa vigente. En paralelo, el Minvu comunicó que trabajaría en la reubicación de las familias afectadas dentro de otros proyectos habitacionales regulares”.

Los parlamentarios, respecto del valor del predio, exponen en el oficio que “cuando el precio pactado (…) cuadruplica operaciones comparables o se aleja ostensiblemente de parámetros del mercado, la entidad adquirente debe justificarlo mediante tasaciones técnicas independientes y trazables”, algo que no sucedió en este caso. Por lo mismo, detallan que esto “puede configurar infracciones a los principios de probidad y eficiencia, un gasto injustificado que dada su ejecución, habría venido a sacrificar la obtención del fin público para cientos de familias”.

Añaden que si “el inmueble se ubica en una zona no urbanizable o no edificable según la normativa territorial vigente, la compra compromete recursos en un bien objetivamente no idóneo para el fin habitacional, afectando el principio de finalidad pública”.

“De comprobarse -agregan- los hechos descritos por el reportaje efectuado por un medio de circulación nacional, estamos hablando no solo de la trasgresión de normas generales (…) sino también, de la Resolución Exenta MINVU N°2012025 que aprueba criterios y aspectos operativos para la ejecución de estudios preliminares y adquisición de terrenos”.

Dicha resolución detalla que “el precio no podrá exceder el monto de la tasación comercial que deberá realizar el Serviu”, algo absolutamente contradictorio en este caso “sin que exista exención posible para el precio”. Sumado a que el predio en cuestión “se ubica hoy en zona donde no se puede edificar”.

Por lo descrito más arriba y al estar involucrados recursos públicos, los líderes opositores pide un pronunciamiento a la Contralora Dorothy Pérez “respecto de la legalidad en la adquisición”, pidiendo todos los antecedentes al ministro del Minvu Carlos Montes y al Director Regional del Serviu Roberto Acosta. Agregan que se instruya “un sumario administrativo (…) aplicando, de corresponder, sanciones a los responsables”.

A este oficio, los parlamentarios sumaron un segundo requerimiento destinado al Consejo de Defensa del Estado, solicitando evaluar e iniciar, “si procede las acciones civiles, penales y demás gestiones necesarias para la protección del patrimonio público”, ya que el valor de la compra del terreno en la comuna de Quilicura por parte del Serviu Metropolitano, y lo detallado más arriba, comprometería “la finalidad pública de la compra y la integridad del erario fiscal”.