Washington DC demanda a la Administración Trump
"La ocupación militar forzosa en el Distrito de Columbia viola nuestra autonomía local y nuestras libertades fundamentales. Debe terminar. DC no solicitó ni consintió el despliegue de tropas de la Guardia Nacional", ha indicado el fiscal general electo de Washington DC, Brian Schwalb,
El fiscal general electo de Washington DC, Brian Schwalb, ha anunciado este jueves que ha presentado una demanda contra la Administración Trump por violar la llamada Ley de Autonomía del Distrito de Columbia de 1973 tras el despliegue «ilegal» de alrededor de 2.300 efectivos de la Guardia Nacional en la ciudad.
«La ocupación militar forzosa en el Distrito de Columbia viola nuestra autonomía local y nuestras libertades fundamentales. Debe terminar. DC no solicitó ni consintió el despliegue de tropas de la Guardia Nacional», ha indicado en un comunicado.
Schwalb ha detallado que la Administración Trump ha otorgado a estos efectivos de la Guardia Nacional autoridad para ejecutar órdenes judiciales y realizar arrestos, así como portar armas y llevar a cabo patrullas en zonas residenciales.
«No hay una fecha clara para el fin de este despliegue ilegal: más tropas han llegado a DC esta semana», ha denunciado Schwalb, agregando que si estos efectivos se llegan a retirar en algún momento «podrían volver a ser desplegados en cualquier momento».
Schwalb ha destacado que las unidades de la Guardia Nacional operan «sin autoridad» para hacer cumplir la ley. «Crean confusión, siembran el miedo, erosionan la confianza, inflaman tensiones y dañan la relación crucial entre la Policía y las comunidades a las que sirven», ha sentenciado.
Asimismo, ha afirmado que el despliegue «no solo socava la seguridad pública» de Washington DC, sino que también daña la economía y perjudica a sectores «vitales» como el turismo, especialmente a restaurantes y hoteles.
El despliegue de cientos de efectivos de la Guardia Nacional fue justificado por el presidente estadounidense, Donald Trump, como una medida necesaria para frenar una criminalidad supuestamente elevada pese a que la alcaldesa, Muriel Bowser, ha insistido en que no hay datos oficiales que lo avalen.
La demanda se produce después de que un juez federal de California fallara que la Administración Trump violó una ley del siglo XIX, conocida como Posse Comitatus, que prohíbe el despliegue de fuerzas militares en suelo estadounidense para cuestiones internas de seguridad tras el envío de efectivos de la Guardia Nacional y los Marines a la ciudad de Los Ángeles para contener las protestas en contra de las redadas migratorias.
Trump aseguró en la víspera que la Guardia Nacional podría intervenir en Chicago, en el estado de Illinois, y en Baltimore, en el estado de Maryland, así como en Nueva Orleans, en el estado de Luisiana. «Tengo una obligación de proteger a este país», dijo.
