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La Defensoría Pública de Río de Janeiro confirmó este miércoles la muerte de al menos 132 personas como consecuencia de la operación policial a gran escala en los barrios de Penha y Alemão, en la zona norte de la ciudad, cuyo objetivo era el Comando Vermelho, una de las principales organizaciones criminales de Brasil.
Se trata ya del operativo policial más letal de la historia del estado de Río de Janeiro, superando incluso la masacre de Carandiru, ocurrida en una cárcel de São Paulo en 1992, cuando 111 reclusos fueron asesinados por agentes penitenciarios.
Durante la jornada, los vecinos de Penha continuaron hallando decenas de cadáveres —al menos 72 hasta ahora— que fueron acumulados en la Plaza São Lucas, una de las más céntricas del barrio. Los cuerpos, en su mayoría hombres jóvenes, fueron desvestidos por los propios residentes para facilitar su identificación por parte de familiares.
“En 36 años viviendo en la favela nunca había visto algo así. Es de una brutalidad desconocida”, declaró el activista Raull Santiago al portal G1, mientras recorría una de las calles donde yacían los cuerpos.
El gobernador del estado, Cláudio Castro, calificó la operación de “exitosa”, pese a las críticas y a la magnitud de las muertes. Según informó, el operativo contó con unos 2.500 agentes y dejó también cuatro policías fallecidos. Las fuerzas del orden lograron detener a 80 personas, entre ellas a Thiago do Nascimento Mendes, alias Belao do Qutungo, uno de los líderes del Comando Vermelho.
La policía incautó una treintena de fusiles de guerra y otras armas, y aseguró haber sido recibida con explosivos lanzados desde drones. Sin embargo, varios heridos y víctimas fatales no tenían relación con los grupos criminales, según testigos y organizaciones de derechos humanos.
El presidente Luiz Inácio Lula da Silva se reunió de urgencia con su gabinete en el Palacio de la Alvorada tras conocer los hechos. Según el ministro de Justicia, Ricardo Lewandowski, el mandatario está “horrorizado” por la masacre.
En una conferencia de prensa junto al director de la Policía Federal, Andrei Rodrigues, Lewandowski explicó que la fuerza federal no participó del operativo porque “no era razonable” y “no existía una autorización legal” para hacerlo.
El Gobierno descartó, por ahora, decretar la Garantía de Ley y Orden (GLO), que permitiría el despliegue del Ejército en apoyo a las fuerzas policiales. Entretanto, la conmoción por las imágenes de decenas de cuerpos amontonados en las calles ha reabierto el debate sobre la violencia policial y el racismo estructural en Brasil.
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